El gobierno de Venezuela reiteró que el cierre de parte de la frontera con Colombia sólo generó beneficios a su país. En una recorrida para confirmar que la medida se cumple en la zona afectada, después de que se activara, en la mañana de ayer, la clausura en otros cuatro municipios del estado de Táchira, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló que esa iniciativa y el estado de excepción decretado en la zona son medidas que buscan generar “una frontera justa, equilibrada, una frontera de paz, una frontera productiva”. En su segunda visita a Cúcuta desde que estalló la crisis fronteriza, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, prometió que su gobierno trabajará “24 horas al día, siete días a la semana” para atender a los miles de colombianos que cruzan desde el vecino país a raíz de la orden de su par venezolano, Nicolás Maduro, de blindar parte de la frontera.

Acompañado por el gobernador de Táchira, José Vielma Mora, y otras autoridades, Arreaza señaló que, a partir de la inspección, comprobó ayer la existencia de “filas de colombianos” que quieren regresar a Venezuela, después de que se marcharan a Colombia, lo que a su juicio desmiente las versiones de que el gobierno venezolano maltrató a los ciudadanos de la nación hermana. “Nosotros queremos lo mejor para el pueblo colombiano, pero lamentablemente esta situación parasitaria no puede continuar”, dijo el vicepresidente al referirse a los ciudadanos colombianos que, aseguró, se dedican al contrabando de productos venezolanos de primera necesidad.

El mismo Arreaza aseguró el fin de semana que gracias al cierre de la frontera en el estado de Táchira apareció el shampoo y el jabón, está apareciendo la leche en polvo, los productos básicos, el pollo. El funcionario calificó de buena noticia que el jefe de Estado de Colombia se haya trasladado hasta la ciudad fronteriza de Cúcuta y se ocupe de ese territorio. Arreaza también dijo que espera que, con el interés del gobierno de Colombia sobre esa ciudad fronteriza, Venezuela pueda ver más presencia policial y militar de ese país del otro lado de la frontera, protegiendo a los dos pueblos y evitando así el contrabando.

Por su parte, el gobernador de Táchira sostuvo que, desde que se impide el paso hacia y desde Colombia, el índice de criminalidad bajó prácticamente a cero en la zona. “El balance es extraordinario, vamos a cumplir ya once días de cierre, un solo homicidio, ninguno en frontera, un solo herido, un vehículo y dos motos robadas”, enumeró Vielma durante la supervisión aérea de la zona. El gobernador celebró, además, que hasta el día del cierre de la frontera Táchira recibía 114 tanques cisterna de combustible, lo que equivale a 38.000 litros, y que ahora, con la demanda en franca reducción por la medida contra el contrabando, han dejado de recibir hasta 14 cisternas. “Eso quiere decir que se están viendo los frutos”, señaló el gobernador.

Según el último balance oficial de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), en los últimos diez días al menos 1097 personas fueron deportadas por Venezuela y 7162 abandonaron voluntariamente el país vecino por temor a correr la misma suerte.

En este contexto de crisis limítrofe, Santos recordó a los recién llegados, a quienes visitó en un albergue ubicado en la localidad de Villa del Rosario, que no están solos. “Toda la actividad del gobierno, toda la actividad del Estado estará pendiente de ustedes para que tengan la oportunidad de rehacer sus vidas de la mejor forma posible”, afirmó. La visita del mandatario colombiano coincidió con la puesta en práctica del estado de excepción en cuatro municipios de Táchira, medida anunciada el viernes por Maduro, que también envió 3000 militares a la zona fronteriza para –según dijo– luchar contra el paramilitarismo y el contrabando.

Estas localidades, que funcionan como una suerte de puntos de cruce alternativos a los pasos internacionales importantes, se unen a los seis municipios en los que la circulación fronteriza está restringida desde el 21 de agosto. Con el estado de excepción ampliado, toda la frontera con Colombia a lo largo de Táchira permanecerá cerrada, lo que supone cerca de 160 kilómetros de los 2219 kilómetros totales que comparten ambas naciones.

Mientras los colombianos regresan a su tierra, el gobierno se concentra en ayudar a los deportados a encontrar trabajo y vivienda. “Nuestro propósito es acelerar (los mecanismos para) que las personas que están en los albergues entren en el procedimiento para poder tener un empleo, subsidio de arrendamiento y rehacer sus vidas donde ellos lo consideren”, manifestó Santos. El mandatario agregó que la mayoría de la gente tiene problemas similares, entre ellos, la necesidad de recuperar los enseres que dejaron en Venezuela. “Ahí tenemos todavía los camiones listos. Estamos pidiéndoles a las autoridades venezolanas que permitan el paso de camiones para recuperar los utensilios de estas familias, que están todavía al otro lado de la frontera”, afirmó Santos.