Un grupo de diputados oficialistas presentó ante el Tribunal Supremo tres peticiones para que impida la apertura de un juicio político con el objetivo de destituir a la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Mientras tanto, legisladores de la oposición resolvieron pedir ayer públicamente que el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, se aparte del cargo en virtud de las acusaciones de corrupción por las que está siendo investigado.

Los diputados del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) cuestionaron en un comunicado la legalidad de los procedimientos para la apertura de un juicio parlamentario que estableció Cunha, que según la Constitución es la autoridad competente para admitir el trámite o rechazar los pedidos de esa naturaleza. Según los parlamentarios, Cunha, quien a pesar de pertenecer al Partido del Movimiento Democrático (PMDB), aliado al oficialismo, es un declarado opositor al gobierno, abrió las puertas a que el pleno de la Cámara baja pueda presentar un recurso para analizar estas solicitudes contra Rousseff aunque él las haya rechazado. Uno de los diputados impulsores de las quejas elevadas al supremo, Paulo Teixeira, afirmó que ese procedimiento sería inconstitucional.

En los últimos meses, Cunha denegó una decena de solicitudes de apertura de un juicio político contra Rousseff y tiene pendiente de análisis al menos otras nueve. Estas solicitudes se fundamentan principalmente en unas presuntas maniobras del gobierno para maquillar el déficit fiscal de 2014 que fueron reprobadas por un dictamen técnico del Tribunal de Cuentas, aunque aún pueden recibir el visto bueno del Parlamento. Los opositores también le atribuyen a Rousseff responsabilidad en el agravamiento de la crisis económica y en el escándalo de corrupción que se destapó en la petrolera estatal Petrobras.

Las fuerzas oficialistas calificaron los intentos de destituir a Rousseff como una “versión moderna de golpe de Estado” y aseguran que no existen argumentos jurídicos para impulsar un procedimiento de este tipo. La crisis económica y el escándalo en Petrobras, que salpicó a medio centenar de políticos, en su mayoría oficialistas, derivó en crecientes tensiones en la relación de Rousseff con el Congreso.

Para intentar apaciguar a los partidos aliados y lograr un mayor apoyo a los proyectos impulsados por el gobierno, Rousseff anunció la semana pasada una reforma ministerial en la que cedió más poder al PMDB, la fuerza con mayor peso en el Congreso y a la que pertenece Cunha.

Pero en paralelo a esta maniobra del oficialismo, que busca evitar por la vía judicial que avance algunos de los pedidos de juicio político, desde la oposición también decidieron cargar contra Cunha, que está salpicado también por hechos de corrupción. Con el agravamiento de las denuncias sobre cuentas secretas en el exterior a nombre de Cunha y algunos de sus familiares, los principales partidos de la oposición anunciaron que están analizando pedir públicamente que el legislador del PMDB se aparte de la presidencia de la Cámara de Diputados.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el Partido Demócratas (DEM), el Partido Popular Socialista (PPS) y Solidaridad emitieron ayer un comunicado en el que reclaman el apartamiento del presidente del cuerpo ahora mismo para que pueda ejercer de forma adecuada su derecho constitucional de defensa. No obstante, Cunha respondió que no prevé dejar el estratégico cargo, de cuyo aval depende que se dé curso a los pedidos de impeachment (juicio político) contra Rousseff.