Por Pilar Lozano *
Desde Medellín

El comandante R –un hombre de 37 años que hasta hace poco sólo mostraba su cara de estudiante de derecho y cuyo verdadero nombre es Geovany Marin– fue el primero en entregar su revólver. Lo dejó en manos del comisionado de paz del gobierno colombiano, Luis Carlos Restrepo, que lo depositó en una pequeña tarima en el suelo. Luego, uno a uno, los hoy 855 ex combatientes del Bloque Cacique Nutibara (BCN) –uno de los grupos de paramilitares más vinculados al narcotráfico– fueron dejando allí sus armas hasta formar un montón. Había de todo: ametralladoras, revólveres, fusiles, armas de fabricación casera. Una canción acompañó este largo desfile: “Ya vienen nuestros hermanos dejando armas por paz”. Para Restrepo, “éste es un gran paso”. Pero el delegado especial de la OEA, el argentino Sergio Caramaña, dijo que espera que este paso “se sostenga en el tiempo”. Al igual que la organización internacional Human Rights Watch, que calificó de “parodia” al acto de desmovilización, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dijeron que éste fue una “burda farsa”. En un comunicado, el grupo guerrillero dijo que el programa de reinserción de los paramilitares “es otro eslabón de una estrategia que pretende impunidad para los jefes de la ultraderecha y la legitimización de las fortunas amasadas con el narcotráfico y la violencia”.
“Estuve medio triste y medio esperanzado”, comentó el alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, después de terminado el acto que se realizó en el palacio de exposiciones. “Tengo que ser optimista”, dijo este matemático que en enero asumirá las riendas de esta ciudad. “El reto es afianzar esta oportunidad de paz”, agregó. No es fácil. Los reinsertados fueron concentrados ayer mismo en una población cercana a Medellín, capital de Antioquia. Allí permanecerán tres semanas asistidos por psicólogos, educadores y abogados y luego regresarán a sus casas a trabajar por la comunidad. Como explicó el comandante R a varios periodistas en una inusual conferencia de prensa en lo alto de una montaña, la idea es capitalizar el apoyo que tienen en las comunidades para construir un partido político. “Es un apoyo a la fuerza, no por convicción”, afirma un sacerdote, desvirtuando esa posibilidad. Garantizar la seguridad de los desarmados es para algunos lo más difícil en este primer paso del acuerdo pactado el pasado mes de julio entre el gobierno del presidente colombiano, Alvaro Uribe, y ocho comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con la idea de llegar en dos años a la desmovilización de más de 10.000 hombres de una organización que en Colombia ha sido sinónimo de barbarie. La estructura militar que se desintegró ayer llegó a controlar en menos de dos años el 90 por ciento de Medellín. La táctica utilizada por el BCN no es un secreto: con dinero o con amenazas captó las más de 400 bandas de esta ciudad, herencia de la época del narcotráfico, hasta lograr articularlas. “El BCN usa la misma estructura del narcotráfico de los años ‘80, que ha ido evolucionado en todos estos años”, resumió un analista. “Les cambió el lenguaje. Los integrantes de estas bandas aprendieron a decir ‘comandante’ en lugar de ‘patrón’, empezaron a escuchar a sus ‘voceros políticos’ y a realizar trabajo social bajo la sombra del poder militar.”
Aunque el comandante R lo niega –“Todos los que se entregan son autodefensas orgánicos”, ha repetido a los periodistas–, los que conocen esta ciudad, considerada cuna del negocio de la droga, saben que en la historia de estos hombres, que ayer en su mayoría bajaron la cabeza cuando se pidió un minuto de silencio por todas las víctimas del conflicto, se esconde un pasado de delincuencia. Los que apoyan este ensayo de reconciliación reconocen las debilidades del proceso, pero alzan los hombros y dicen: “No teníamos otra opción”. Del éxito de este experimento,ha repetido el gobierno, depende la posibilidad de acuerdos con otros grupos armados.
En los barrios pobres colgados de las lomas de Medellín, donde se han sentido todas las guerras –la del narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares–, y donde niños y jóvenes han sido víctimas y victimarios, hay incertidumbre. “No sé, me da miedo. Esos muchachos están acostumbrados a hacer cosas malas”, comenta una mujer. Su hijo, que estuvo enredado en las milicias del Ejército de Liberación Nacional (ELN), teme que la guerrilla vuelva a copar las barriadas. “Me pueden matar”, comenta.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.