La presidenta Michelle Bachelet promulgó ayer la ley de gratuidad educativa que horas antes aprobó el Congreso y que comenzará a regir desde el 2016. Se trata de un paso importante dentro de la reforma a la enseñanza que el gobierno chileno lleva adelante.

En un rápido trámite en las cámaras de Senadores y Diputados entre el lunes y ayer, se aprobó esta norma mediante la cual las universidades públicas pasarán a ser gratuitas desde 2016. En tanto, universidades privadas también podrán adherirse a este sistema, traspasando el costo de los aranceles que pagan sus estudiantes al estado, pero también deberán cumplir requisitos como no tener fines de lucro, que tengan participación estudiantil en su directiva y estén acreditadas ante el estado al menos cuatro años.

“Luego de más de tres décadas, vuelve la gratuidad a las universidades en Chile”, dijo Marcelo Díaz, el portavoz del Gobierno, tras ratificarse la iniciativa en el último trámite parlamentario. El próximo año, la gratuidad irá en beneficio de unos 178.000 universitarios más pobres, pero la intención de la presidenta Bachelet, es que hasta el 2020, todos los estudiantes de educación superior puedan ser favorecidos. “Este es un gran paso, no es todo, esperamos en los años siguientes seguir avanzando para que más estudiantes puedan ingresar a este derecho”, dijo Adriana Delpiano, ministra de Educación. “Es el mejor regalo de Navidad para muchas familias que no tendrán que endeudarse el próximo año”, agregó.

Los institutos profesionales y centros de formación técnica no contarán con la gratuidad desde el 2016, sin embargo, el gobierno determinó que se entreguen 140.000 becas para sus estudiantes que van desde los 1000 a los 1200 dólares.

Estas instituciones deberán ingresar al sistema de gratuidad de forma gradual en un plazo de tres años, indica la norma. La ley es parte de la reforma educativa que es una promesa de campaña de Bachelet y busca implementar un profundo cambio al sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que obligaba a las universidades públicas a autofinanciarse, por lo que hasta hoy cobran aranceles anuales de miles de dólares a sus estudiantes. En Chile alrededor de la mitad de los trabajadores percibe salarios inferiores a los 500 dólares por mes.

Dentro de esta reforma, Bachelet logró en 2014 aprobar la llamada ley de inclusión, y retiró a las municipalidades la administración de los colegios públicos chilenos.La gratuidad universitaria era un anhelo de millones de jóvenes, maestros y padres que marcharon desde 2011 por las calles de Chile exigiendo a la autoridad una educación sin costo, de calidad y sin fines de lucro. Los estudiantes chilenos han expresado sus reparos por la reforma educativa, la cual tildan de ‘insuficiente’ para responder a sus demandas sobre calidad y gratuidad total en la educación local y que exigen desde el 2011 con masivas manifestaciones, la última de ellas, el martes en la que acusaron al gobierno de llevar adelante una ley de gratuidad “improvisada”.