Con el objetivo de reforzar la seguridad interna y la lucha contra el islamismo radical, el gobierno francés presentó ayer un proyecto de ley que incorporará en la Constitución el estado de emergencia y el retiro de la nacionalidad francesa a personas binacionales condenadas por terrorismo.

Así lo anunció en rueda de prensa, tras reunirse con el Consejo de Ministros, el premier francés Manuel Valls, quien explicó que la amenaza terrorista nunca ha sido tan alta como en la actualidad y subrayó que tener conciencia de esa realidad es la condición previa a una acción controlada. Luego de semanas de dudas tras los atentados del 13N en París, y en medio de un sostenido debate en la sociedad francesa, el gobierno socialista del presidente François Hollande decidió que en su proyecto de reforma constitucional consten estos polémicos apartados.

La retirada de la nacionalidad –insistió Valls– es una medida de carácter primordialmente simbólico, una sanción dura que ya se aplica a las personas extranjeras de doble nacionalidad, por eso el gobierno decidió proponer al Parlamento la extensión de la retirada a todos los ciudadanos de doble nacionalidad, incluidos los nacidos en Francia.

Anunciado por Hollande tres días después de los atentados jihadistas que el 13 de noviembre provocaron 130 muertos y casi 370 heridos, el texto aprobado por el consejo de ministros deberá ser validado ahora por la Asamblea Nacional y el Senado, con una mayoría de tres quintos.

Los debates se iniciarán el 3 de febrero y la brecha ya está abierta entre quienes defienden la medida y quienes cuestionan sus límites sobre los derechos individuales. Con las incorporaciones, el Ejecutivo busca dar una base jurídica más sólida a disposiciones incluidas hasta ahora en una ley ordinaria, más fácilmente modificable y contestable. La inscripción en la Carta Magna del actual estado de emergencia, decretado la noche de los ataques y que estará en vigor hasta el próximo 26 de febrero, permitirá evitar toda deriva partidista, según el primer ministro.

Más allá de constitucionalizar el estado de emergencia, el protagonismo del día lo acaparó el haber mantenido la retirada de la nacionalidad a los binacionales, una medida que se limitará a los condenados por crimen contra la nación y terrorismo. La legislación actual contempla esa posibilidad sólo para los extranjeros naturalizados, pero ahora se busca ampliarla a todos los franceses, cuando la pena que reciban sea definitiva. La ministra de Justicia, Christiane Taubira, anunció anteayer en una radio argelina que esa medida, muy resistida entre las fuerzas de izquierda, no entraría finalmente en el texto aprobado por el consejo de ministros. Su presencia en el gobierno se puso ayer en entredicho después de que Hollande haya mantenido esa iniciativa. “El presidente tiene la primera y la última palabra. Punto final”, dijo Taubira en un intento por cerrar la polémica.

El fundador del Partido de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon, lamentó que el gobierno haya seguido con el plan de quitar la nacionalidad, idea contemplada tanto por el ultraderechista Jean-Marie Le Pen como por el ex presidente conservador Nicolas Sarkozy, líder del partido opositor Los Republicanos.

Representantes de ambos bandos mostraron su apoyo a ese dispositivo, anunciado justo antes de las elecciones regionales de este mes, donde la extrema derecha del Frente Nacional firmó una victoria histórica en la primera vuelta, que no logró revalidar una semana después debido al cierre de filas de socialistas y republicanos para impedirlo.

Por otra parte, la cifra de 1000 individuos que se unieron desde Francia a grupos jihadistas en Siria o en Irak se ha sobrepasado, señaló la prensa francesa, y detalló que de ellos unos 600 siguen en esos países, otros 148 habrían muerto y 250 volvieron a territorio francés. En este contexto, una joven francesa convertida al islam y su pareja, los dos de Montpellier, fueron detenidos de forma provisional desde el lunes por la noche, dentro del marco de una investigación antiterrorista. La pareja –ella de 23 años y él de 35– es objeto de una investigación de la fiscalía antiterrorista de París. Según fuentes cercanas al caso, los investigadores descubrieron en su domicilio un falso vientre de mujer embarazada que podría haber servido para disimular objetos, vaciado y recubierto de una capa de aluminio. No se encontró ningún explosivo, pero el análisis de las computadoras utilizadas por la pareja permitió averiguar que habían consultado fotos de jihadistas, o efectuado búsquedas sobre la fabricación de artefactos explosivos, según la fuente cercana a la investigación.

Asimismo, las autoridades galas anunciaron que impidieron un atentado jihadista. “Un proyecto de atentado contra representantes de la fuerza pública en la región de Orleans fue frustrado la semana pasada por la DGSI, los servicios internos de inteligencia”, declaró el ministro del Interior Bernard Cazeneuve, ante policías y gendarmes. Dos personas fueron interrogadas e inculpadas el 19 de diciembre en el marco de este caso, precisó. Según el ministro, se trata de dos franceses, “uno de 20 años, desconocido por los servicios de policía, y otro de 24 años, conocido por actos de delincuencia”. Fuentes policiales en París precisaron que los detenidos eran de origen marroquí y togolés, respectivamente. Según Cazeneuve, ambos estaban en contacto con un jihadista francés presente en Siria del que la investigación deberá determinar si era el cerebro de los ataques que uno de los dos detenidos ha reconocido haber proyectado.