Al psicólogo social colombiano Nicolás Herrera Farfán no termina de convencerle la búsqueda y exhumación de los restos del sacerdote guerrillero Camilo Torres, ordenada por el presidente Juan Manuel Santos. Herrera Farfán, quien forma parte del equipo de investigación del documental El rastro de Camilo, obra que retrata la vida del sacerdote que pertenecía a las elites colombianas, pero se unió a las filas insurgentes, cree que ese “gesto de paz” dictado desde la Casa de Nariño esconde más de lo que muestra. “En el marco de las negociaciones de paz y cierre del conflicto armado colombiano, creo que el gobierno necesitaba capitalizar un símbolo político de la resistencia colombiana para desarmar espiritualmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN)”. El investigador aseguró que la jugada del gobierno de Santos de “recuperar” a la figura de Torres oculta su intención de utilizarlo como un logro para condicionar al ELN las negociaciones de paz. “Es un ejercicio donde el cuerpo de Camilo termina siendo manipulado y convertido en un trofeo de guerra”.

Herrera Farfán expresó que la historia oficial de lo ocurrido tras la muerte del sacerdote que tomó las armas para combatir contra las desigualdades en Colombia está envuelta en contradicciones que minan su seriedad y credibilidad. A mediados de enero, Santos hizo el anuncio oficial de que había dado la orden de iniciar el proceso de búsqueda de los restos de Torres. Sin embargo, nada dijo sobre los pedidos del ELN (el 4 de enero) y del arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve (el 11 de noviembre de 2015), así como del proceso judicial en curso, iniciado por familiares y amigos de Torres para que su cuerpo fuera devuelto. “Así, el gobierno negó todo el sustrato judicial y del pedido del Arzobispo y encapsularlo en un diálogo e intercambio exclusivo con el ELN, como si el reclamo hubiera comenzado a principios de este mes y no hace 50 años, con el pedido desesperado de la madre de Camilo”.

Interesado en el cambio social, Camilo Torres fundó a mediados de los 60 el Frente Unido del Pueblo, un movimiento de oposición a la coalición de los partidos Liberal y Conservador. Su movimiento buscaba atender las necesidades de las zonas rural y urbana y eliminar a toda costa la democracia restringida. Sin embargo, se dio cuenta que eso no era suficiente. Fue ese el motivo por el cual renunció a su trabajo como profesor, disolvió el Frente Unido y se enroló en la guerrilla, en la que proveyó asistencia espiritual e ideológica desde un punto de vista marxista-cristiano. Su buena voluntad no le alcanzó para sobrevivir en la lucha armada, y el 15 de febrero de 1966 fue asesinado en el marco de un operativo militar.

El protocolo militar de la época en que Torres fue asesinado indicaba que éste debía ser enterrado en el lugar en que había muerto. En 1968, tres años después del acribillamiento del sacerdote, el general Alvaro Valencia Tobar por propia voluntad hizo exhumar esos restos y los trasladó a un panteón militar en Bucaramanga, con el argumento de que no quería que la tumba del cura insurgente se convirtiera en un lugar de peregrinación y culto de la izquierda colombiana. La placa identificatoria con la que fue sepultado no decía “Camilo Torres Restrepo”, sino “Mario B. Cáceres D.”, el nombre de un soldado que se había suicidado.

Recién en 2007, Valencia Tobar reconoció haber enterrado a Torres en ese cementerio castrense y aseguró que entregó los restos a Fernando, el hermano mayor del sacerdote, pero de ese intercambio no hay ningún acta que lo atestigue. El general supo jugar con el tiempo: admitió lo hecho después de la muerte de Fernando, por lo que se volvió imposible de saber si en efecto le cedió o no los restos. “Resulta extraño que un militar como Valencia Tobar, un viejo general formado en los códigos del honor y de la guerra, que podía ser el peor de los criminales pero ante todo institucional y cristiano, no haya registrado ni certificado nada sobre la entrega del cuerpo de Camilo.” A Herrera Farfán no le cierra el hecho de que la tumba de un soldado de bajo rango haya sido cuidada con tanto recelo. “El panteón en el cual fue realizada la exhumación estaba construido con hormigón para que sea imposible levantarlo. Cuando los peritos sacaron la urna, vieron que era de cedro negro. ¿Por qué los huesos de un cabo iban a estar guardados allí?”, se preguntó el investigador, quien apuntó que por ese motivo los peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tuvieron que trasladar la urna a Bogotá y, en presencia del Padre Javier Giraldo –uno de los referentes en derechos humanos en Colombia– la abrieron. Allí descubrieron que los huesos estaban en perfecto estado de conservación.

El especialista colombiano señaló que los estudios a los que están siendo sometidos los restos de Torres abren la posibilidad de saber si el sacerdote fue torturado. “Los peritos forenses no tienen la orden de hacer otro tipo de muestra o actividad, pero tampoco están inhabilitados. Esto significa que es posible llegar a reconstruir con certeza qué es lo que pasó”, explicó.

Aunque hay optimismo respecto a que los resultados indiquen que los restos del cadáver exhumado pertenecen al cura insurgente, Herrera Farfán dijo que cabe la chance de que no lo sea. “Si no es ese cuerpo, puede que estemos frente a otra tumba vacía, una más de los millones que hay en el Cono Sur. Sería una manifestación de la crueldad militar, incapaces de negarles a los familiares los restos para que tengan donde llorarlo, y los compañeros para que no tengan dónde llorarle”.

Herrera Farfán explicó que el hecho de que desde el Estado se ordene la búsqueda del cadáver del sacerdote iniciador de la Teología de la Liberación no puede ser interpretado como un gesto de paz, ya que fue ese mismo Estado quien lo escondió hace 50 años. “Un gobierno que escondió, secuestró, mató y negó la ubicación del cuerpo ahora no puede venir a decir que van a buscarlos como si no les correspondiera la responsabilidad”, dijo. El especialista señaló que lo que pretende hacer la burguesía bogotana –a la cual respondieron todos los presidentes del país– es resignificar la figura de Torres para poder sepultarla definitivamente en la historia nacional. “En la política hay un solo delito que no se perdona sino con la muerte, y es la traición. Camilo Torres traicionó su clase social, y por eso no bastó con matarlo físicamente, sino simbólicamente, para así borrarlo de la historia.”

Informe: Gustavo Gerrtner.