Página/12 En Brasil

Desde Brasilia

“Las barbaridades que se están diciendo contra Lula no me sorprenden porque eso viene desde hace tiempo. Yo conozco de primera mano lo que hicieron para perjudicarlo en las elecciones del 89, cuando perdió contra Collor de Melo, candidato apoyado por la (cadena) Globo. Pasaron cosas muy raras. La policía detuvo a unos guerrilleros, los obligó a ponerse camisetas del PT y después los mostraron para asociar a Lula con la lucha armada.”

Quien cuenta la historia es Carlos Paz, hijo del argentino Humberto Paz, un ex combatiente del Frente Sandinista que hace 27 años viajó a Brasil para coordinar el secuestro de un empresario. Faltaban pocos días para la segunda vuelta entre Lula y Collor cuando la policía cercó al grupo armado que sólo sería “mostrado ante la televisión el domingo 17 de diciembre, el día que la gente estaba yendo a votar. Obvio, querían sacarle votos a Lula. Y los medios, como eran parte de la operación de desprestigio, mostraron a los detenidos con remeras del PT” recordó Carlos Paz.

Radicado en San Pablo desde hace años Paz dialogó telefónicamente con Página/12 mientras arreciaba la campaña periodístico-judicial que desembocó el viernes pasado en un nuevo ataque contra el ex tornero mecánico. Citado a declarar por un fiscal Cassio Conserino que al parecer pone más cuidado en el peinado voluminoso exhibido en la golpista revista Veja, que en respetar los códigos penal y procesal.

Lula despierta la desconfianza del letrado Conserino por haber pagado cuotas de un departamento frente al mar en un edificio del sindicato de bancarios, transacción registrada ante notario, junto a otras compras ponderadas como sospechosas por la prensa incluyendo un bote de aluminio, sin motor valuado en 1250 dólares. Un diario publicó la noticia del botecito en su tapa del último sábado. Por cierto esa embarcación, que parece de lata, retrata la simpleza de Lula antes que la vida fastuosa que sería costeada con plata lavada del escándalo en Petrobras, como insinúan los medios y parte de la Justicia.

“No es un crimen comprar un departamento por medio de una cooperativa de trabajadores...no se debe criminalizar a los dirigentes de izquierda como hizo el diario O Globo de este domingo” afirmó ayer el titular de la Central Unica de Trabajadores, Vagner Freitas.

Obsesión

Ocurre que para jueces y fiscales el líder del PT representa un “objeto de deseo...una obsesión” que sólo será superada cuando lo cacen, afirmó el ministro Jaques Wagner, jefe de gabinete de la presidenta Dilma Rousseff.

Freitas habló la semana pasada al conocerse denuncias sobre las presiones del Ministerio Público Federal sobre los imputados en el caso “Petrolao” para que acusen a Lula y quienes lo hacen (no importa si mienten) se les reducen de sus penas. Esto prueba que cuando se trata de Lula, también el foro federal muestra menos apego a los códigos que a sus objetivos políticos.

La politización de la Justicia brasileña está en línea con la observada en otros países latinoamericanos que decantan hacia una restauración conservadora más o menos explícita.

En el estado de excepción que comienza a imperar en Brasil a los líderes progresistas y dirigentes populares no se les garantiza el derecho de defensa (y cada vez menos el de protesta) del que gozan, a veces rozando la impunidad, jefes conservadores como Fernando Henrique Cardoso a quien ningún juez citó desde 1997 año en que se compraron legisladores (algo admitido por el ex gobernante) para reformar la Constitución antesala de su reelección en 1998.

1989-2016

Volvamos a las elecciones de 1989 y el diálogo con Carlos Paz, el hijo del guerrillero argentino Humberto, sobre las trampas para impedir la victoria del PT. Los secuestradores disfrazados a la fuerza de petistas fueron sólo parte de aquella campaña electoral anómala en la que una ex novia de Lula lo acusó, ante cámaras, de haberla obligado a abortar, algo que ella desmentiría meses más tarde además de reconocer el cobro de un soborno de miles de dólares.

Aquel fraude electrónico de 1989 fue objeto de una investigación dirigida por la doctora en comunicación Diana Paula de Souza, de la Universidad Federal de Río de Janeiro e inspiró un documental de la cadena británica BBC, que fue prohibido por la justicia brasileña haciendo lugar a un pedido del multimedios Globo.

Desde 2012 el investigador Venício Lima, de la Universidad de Brasilia, publicó varios ensayos sobre los embates contra la democracia y contra Lula orquestados por Globo desde los años 80 hasta el presente.

En suma, investigaciones académicas y periodísticas demuestran, con rigor, que a partir de 1989 comenzó a aplicarse una estrategia de desinformación orientada a demonizar la imagen de Lula, y limar su persistente popularidad.

Hasta 2002 se buscaba impedir que llegara al Palacio del Planalto y a partir de 2003 que su gobierno fuera un fracaso.

Para la construcción de esas mentiras verdaderas (así llamadas porque acabaron por tener efecto real), la industria de la información se alió a diversos grupos de poder factual o institucional, según el caso.

En la campaña de 1989 la Federación de Industrias de San Pablo (la misma que en 2015 abogó por el impeachment contra Dilma Rousseff) amenazó con la migración en masa de empresarios a Miami a si vencía el candidato del PT, pintado por Globo como un cómplice de la lucha armada que secuestro al millonario Abílio Diniz y enemigo de la propiedad privada.

Devaríos similares, siempre dirigidos contra Lula, surgieron en 2005 cuando se publicaron extensas notas basadas en presuntos informes de la Agencia Brasileña de Inteligencia sobre los “tentáculos de las FARC en Brasil” (tapa de la revista Veja) donde la “narcoguerrilla” habría aportado dinero para financiar la campaña presidencial de 2002.

El año 2005 es importante en la reseña sobre los ataques de los que fue víctima el ex gobernante dado que a partir del escándalo del “Mensalao”, sobre los nunca bien demostrados sobornos pagados por el PT, la Justicia comenzó a trabajar como aliada casi permanente de los grupos mediáticos. Ese protagonismo compartido entre editores y jueces ocupó el vacío parcial dejado por la derecha partidaria, debido al desgaste y las disputas internas del Partido de la Socialdemocracia Brasileña de Fernando Henrique Cardoso y Aécio Neves, el candidato presidencial derrotado en 2014.

Carnaval

Fracasadas las estrategias para impedir que sea electo presidente y luego que sus dos gobiernos fueran un fracaso, la nueva premisa de los enemigos de Lula es acabar con su capital político para quitarlo de la carrera hacia los comicios de 2018. “Están tratando de derretir a Lula para después destruir al PT, esto empezó antes de que lleguemos a la presidencia en 2002” afirmó el titular del partido gobernante Rui Falcao poco después de la denuncia presentada el viernes pasado por el fiscal Cassio Conserino.

La citación del fiscal paulista Conserino para que Lula comparezca el 17 de febrero, después del carnaval, es un episodio complementario dentro de una narrativa mayor a cargo del juez federal Sergio Moro responsable de la causa por del Petrolao.

Seguramente el fiscal adoptó semejante iniciativa política, la de convocar a Lula, con la venia del gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, uno de los caciques del Partido de la Socialdemocracia Brasileña y aspirante a la presidencia en 2018.

Tampoco parece coincidencia que este fin de semana Alckmin haya pronunciado declaraciones duras contra Lula y su partido, mientras un diputado socialdemócrata anunciaba que solicitará a la Justicia la “extinción” del PT.

El viernes que vienen empieza el desfiles de carrozas en el carnaval de San Pablo y el domingo en el Sambódromo de Rio de Janeiro. Según un dictado popular Brasil comienza a funcionar “después del carnaval”. Habrá que aguardar para saber si la oposición espera y esa máxima se cumple en la guerra política que tiene a Lula como blanco.