Un estatuto antiterrorista que permite detener a sospechosos, allanar sus casas y pinchar sus teléfonos sin la orden de un juez fue aprobado ayer por el Congreso colombiano a pesar de las advertencias de la ONU y diversos organismos de derechos humanos. El estatuto pretende dar más facultades al ejército colombiano en su lucha contra los grupos armados ilegales y el narcoterrorismo. Estas facultades regirán durante un plazo de cuatro años, que sin embargo puede prorrogarse por otros cuatro, y permiten a las autoridades realizar arrestos y allanamientos e interceptar comunicaciones sin una orden judicial, entre otras atribuciones. Así, por ejemplo, podrán buscar pruebas y levantar cadáveres en “zonas de diíicil acceso”. Si la ley pasa la revisión de la Corte Constitucional colombiana, podría entrar en vigor en agosto del año que viene, señaló ayer el ministro del Interior Sabas Pretelt. “Tengan la certeza de que las autoridades sólo van a utilizar las facultades para luchar contra el terrorismo”, declaró el ministro a la prensa. Entretanto, el ejército colombiano abatió ayer a 24 paramilitares y capturó a otros 61. Según el comandante de esta fuerza militar, general Martín Carreño, las víctimas y detenidos pertenecen a una facción que no se sumó al proceso de paz que mantiene el gobierno de Alvaro Uribe con los grupos paramilitares de ultraderecha desde julio pasado.