En cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, comenzó con la demolición de los monumentos de la dictadura de Francisco Franco que quedan en pie. Sin embargo, y pese a que la reglamentación protege a aquellos monolitos que así lo amerite por razones artísticas, arquitectónicas o artístico religiosas, los sectores más conservadores pusieron el grito en el cielo –el episcopado y el Partido Popular amenazaron con denunciar a la alcaldesa ante la justicia penal– por lo que Carmena decidió suspender la medida hasta abril.

La ley fue aprobada durante el gobierno del socialista José Luis Zapatero gracias al apoyo de todos los partidos políticos, salvo el Partido Popular (PP), que consideró que el texto rompía con la “esencia de la transición” y Esquerra Republicana Catalunya (ERC), cuyos representantes estimaron que la reglamentación se “quedó corta” al no anular las sentencias franquistas. El artículo 12 de la ley 52/2007, el cual hace referencia a simbología y monumentos públicos, es categórico a la hora de definir qué cosas deben ser removidas. “Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.”

La primera referencia en ser retirada, paradójicamente, se trató de un error. El último viernes de enero, el ayuntamiento madrileño levantó una placa que rendía homenaje a ocho carmelitas fusiladas en agosto de 1936 por milicianos republicanos. El distintivo, que estaba ubicado en las paredes del cementerio parroquial de Carabanchel, recordaba a ocho jóvenes clérigos que fueron asesinados durante los días de mayor persecución contra los clérigos en toda España, muy especialmente en la capital española, donde el golpe había fracasado. Sin embargo, desde el ayuntamiento, dirigido por la agrupación izquierdista Ahora Madrid, rápidamente reconocieron la equivocación y extendieron su compromiso a volver a colocar la placa. “Debido a una confusión se había procedido a la retirada de la misma, que será repuesta a la mayor brevedad posible. Esta actuación hubiera supuesto una inadecuada aplicación de la Ley de Memoria Histórica”, explicaron en un comunicado.

Sin embargo, al lunes siguiente fue derribado el monumento en recuerdo del Alférez Provisional, ubicado cerca del casón de Buen Retiro. Y en esta ocasión no se trató de ninguna equivocación, ya que se trata de un obelisco que recuerda a los integrantes de esta categoría castrense que formaban parte de las tropas del bando sublevado. Si bien es cierto que los fallecidos que recuerda este monolito, que en cuya base se leía la leyenda “Por Dios y por España”, no eran militares de carrera, los integrantes de esta división se inscribieron en el Ejército por voluntad propia para dar una mano a los franquistas que se alzaron en armas. La erradicación de esta estructura no tardó en molestar al derechista PP. Desde el gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunciaron que abrirán una investigación al Ayuntamiento por derribar el obelisco aludiendo que estaba protegido por la Ley de Patrimonio.

La otra placa que fue retirada la semana pasada fue la que recordaba al falangista José García Vara. Se trata de un modesto cartel que estaba ubicado a pasos del Palacio Real de Madrid que honra a un diputado asesinado en 1935, antes del comienzo de la dictadura franquista. Según indica en su web el ayuntamiento madrileño, la retirada de los vestigios de la dictadura también incluye el cambio de nombre a 30 calles de la capital. “En la misma sesión plenaria se aprobó, con los votos a favor de Ahora Madrid, el Partido Socialista Español (PSOE) y Ciudadanos, la elaboración de un Plan Integral de Memoria de Madrid, que será presentado en abril”.

Sin embargo, estos monumentos retirados no son los únicos que integran la lista de objetos a erradicar de las calles madrileñas. Estaba previsto para los próximos días el levantamiento del imponente monolito que recuerda al diputado José Calvo Sotelo, inaugurado en 1960 en una ceremonia a la que acudió en persona el mismísimo Franco. Este es uno de los monumentos que más se encuentran ligados a la simbología franquista, ya que el asesinato del ex legislador español en los días previos a la Guerra Civil fue utilizado como argumento para el comienzo del levantamiento militar.

Los sectores más conservadores de la sociedad española, encarnados en el PP y el Episcopado, afirman que con el levantamiento de los símbolos y monumentos franquistas el gobierno de Carmena promueve una política revanchista. La directora de Patrimonio Cultural del gobierno regional de Madrid, Paloma Sobrini, criticó la medida del Ayuntamiento. “Hay bienes que forman parte de nuestra historia y nos ayudan a entender nuestra identidad”, señaló.

La polémica en torno al futuro de la simbología franquista llevó a dar marcha atrás con la iniciativa. La portavoz del Ejecutivo municipal, Rita Maestre, anunció que no se moverán más vestigios ni se restituirán los ya retirados, por lo menos hasta el mes de abril, cuando esté terminado el Plan Integral de Memoria Histórica y el marco normativo necesario para cubrir el vacío actualmente existente en la aplicación de esta ley.

Sin embargo, quienes se oponen a la ley parecen olvidar que más que remover la herida que dejó la Guerra Civil y la dictadura, busca cerrarla. Y prueba de esto es que la reglamentación contempla también la ampliación de derechos en favor de quienes fueron perseguidos entre los años 1936 y 1975. Entre otras prestaciones, reconoce como el derecho a obtener una reparación y la posibilidad de adoptar la ciudadanía española a los hijos y nietos de emigrantes y exiliados.

Informe: Gustavo Gerrtner.