Página/12 En México

Desde Ciudad de México

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) sepultó aún más la “verdad histórica” sobre la que se ha montado la administración del priísta Enrique Peña Nieto para dar carpetazo a la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, luego de ser atacados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Ayer, el EAAF presentó un peritaje que desmonta la versión oficial de los hechos y concluye que “no es posible” que hayan sido incinerados ahí los 43 estudiantes, luego de ser asesinados. “No hay consistencia entre la evidencia física y la evidencia testimonial”, dice el peritaje integral del basurero de Cocula.

Aun cuando el EAAF recomendó no hacer más peritajes en la zona y enfocar la búsqueda de los estudiantes en otras zonas del estado de Guerrero, la PGR respondió ayer mismo que realizará un nuevo estudio de dinámica de fuego, dijo que el caso “no está cerrado” y anunció una nueva reunión, el próximo 18 de febrero, con los familiares de los estudiantes desaparecidos y con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Mientras, 43 estudiantes siguen desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados por policías de Iguala, un municipio del estado de Guerrero a 220 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Al menos siete personas fueron asesinadas en el lugar. Un centenar de personas han sido detenidas desde entonces, incluyendo al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, cuya familia estaría vinculada al cártel de Guerreros Unidos. El gobierno de Peña Nieto sostiene que los estudiantes fueron quemados ahí y sus restos lanzados al río San Juan, según “confesiones” de los “autores materiales” del crimen.

Durante poco más de un año, el EAAF realizó un peritaje para resolver si es científicamente posible que los 43 estudiantes pudieran haber sido incinerados en el basurero de Cocula, como lo sostiene el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desde hace un año. Luego de estudiar imágenes satelitales desde 2010 y de analizar capas de suelo del lugar, encontraron que es imposible producir un fuego de las proporciones necesarias para incinerar 43 cadáveres. Incluso las “pruebas” de la PGR, fundadas en declaraciones de los supuestos perpetradores, es tan contradictoria que en el EAAF “no respaldamos la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada” por la PGR. En el peritaje integral del EAAF participó un equipo interdisciplinario de 26 peritos en arqueología, antropología, criminalística, entomología y botánica forense, balística, dinámica de fuego, interpretación de imágenes satelitales, odontología forense, genetista y especialistas en trauma óseo. Dichos especialistas provienen de Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, Uruguay y Canadá.

El estudio incorporó un informe de sitio y un informe de laboratorio. La conclusión es que la evidencia científica y la evidencia testimonial no son consistentes. Por tanto, el EAAF “no respalda la hipótesis que postulara la Procuraduría General de la República”, dijo ayer Miguel Nieva en conferencia de prensa. Hace poco más de un año, el entonces procurador General de la República Jesús Murillo Karam había presentado su “verdad histórica”: los estudiantes normalistas fueron asesinados e incinerados por miembros del cártel “Guerreros Unidos”

Murillo Karam dijo entonces que las investigaciones, “sin lugar a dudas, llevan a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal contra los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy”, dijo en conferencia de prensa el 27 de enero de 2015. Poco después, el procurador Murillo Karam fue removido del cargo por el presidente Peña Nieto

Previamente, el 6 de septiembre de 2015, un informe de 550 páginas del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negó que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, e incluso aseguró que ni siquiera hay evidencia de que hubiese un fuego de la magnitud que presumió el gobierno mexicano. “Ese evento, tal y como ha sido descrito, no pasó.”