El gobierno de Estados Unidos, furioso porque Apple, la empresa de computadoras y celulares, se niega a darle los datos contenidos en un iPhone utilizado por uno de los terroristas de San Bernardino, consiguió una orden de la corte obligándola a hacerlo.

Rápidamente, Apple dijo que aún podría poner reparos. Su caso no está ayudando al FBI a llegar al fondo de los peores ataques de terror en suelo estadounidense desde el 11 de septiembre y comprobar, por ejemplo, si existe una red más amplia para ayudar a Farook y su esposa, Tashfeen Malik.

La disputa entre el gobierno y una de las empresas privadas más poderosas del mundo podría terminar ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos antes de que se resuelva. Las cuestiones en juego son tan confusas para los ciudadanos comunes como lo son para los eruditos legales sin que nadie sea capaz de decir quién va a ganar –o incluso quién debería ganar–. El caso será seguido de cerca por otras naciones que luchan contra el mismo dilema, incluyendo a China.

La orden fue emitida el martes por el juez Sheri Pym de la Corte del Distrito Central de California. Requiere que Apple eluda las funciones de seguridad del teléfono que había sido utilizado por Farook. El y Malik, inspirados en el Estado Islámico (EI), abrieron fuego en un almuerzo antes de Navidad de los empleados del Departamento de Salud de San Bernardino, donde él trabajaba, matando a catorce personas. Ambos asaltantes fueron más tarde acribillados por la policía.

Para Apple y Google, responsables de la tecnología de la gran mayoría de los teléfonos móviles en América, la protección de datos es de singular importancia comercial en un momento de gran preocupación sobre el robo de identidad y datos.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.