El presidente de la Cámara de Diputados y tercero en la línea de sucesión presidencial en Brasil, Eduardo Cunha, será juzgado por la Corte Suprema en una causa que busca determinar si cobró sobornos por al menos cinco millones de dólares en el fraude contra la estatal Petrobras. Por unanimidad, los 11 jueces presentes votaron por iniciar una acción penal contra Cunha, un astuto político considerado el principal rival de la presidenta Dilma Rousseff, que es acusado de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. La denuncia había sido realizada el año pasado por el fiscal general Rodrigo Janot, quien señaló que el diputado solicitó dinero para facilitar un negocio de dos navíos sonda del astillero Samsung Heavy Industries para Petrobras entre junio del 2006 y octubre del 2012. El valor combinado de ambas operaciones fue de 1202 millones de dólares, según consta en la acusación de la fiscalía.

Cunha se convierte de este modo en el primer político que el Supremo lleva al banquillo, como acusado, por su supuesta participación en la red de corrupción petrolera, y también el primer presidente de la Cámara baja que en pleno ejercicio de ese cargo deberá responder a un juicio penal. Por las denuncias de corrupción en Petrobras, que según la empresa reconoció en sus propios balances le causaron perjuicios por 2000 millones de dólares, los Supremos recibieron denuncias contra medio centenar de políticos, entre quienes también está el presidente del Senado, Renán Calheiros.

La decisión de recoger las denuncias contra Cunha, acusado de ayudar a amañar contratos para la compra de dos buques petroleros que le habrían rendido al menos ganancias por cinco millones de dólares, en concepto de comisiones ilegales, fue tomada por unanimidad por los magistrados del alto tribunal. La Corte negó todas las alegaciones de la defensa de Cunha, que hasta esgrimió que merecería “trato de jefe de Estado”, ya que como presidente de la Cámara de Diputados se ubica segundo, detrás del vicepresidente y de la presidenta, en la continuidad presidencial en caso de una renuncia o destitución de la presidenta Dilma Rousseff. El camino hacia la acusación contra el dirigente fue trazado por el magistrado Teori Zavascki, instructor del caso, quien en una sesión realizada el miércoles recomendó al pleno de la Corte dar luz verde a la investigación.

“Hay indicios robustos para aceptar la denuncia”, dijo Zavascki, afirmación que ayer fue respaldada por los otros diez miembros del Tribunal Supremo.

El magistrado Celso de Mello, decano de la Corte, hizo un duro pronunciamiento al emitir su voto y se declaró sorprendido frente a “estos episodios criminales, estos fragmentos de la delincuencia que componen un vasto y osado panel de asalto y tentativa de captura del Estado por parte de una organización criminal”. Cunha, ferviente feligrés evangélico, de talante conservador, pertenece al oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer, pero el año pasado anunció su decisión personal de pasar a la oposición.

En su condición de presidente de la Cámara de Diputados, a fines del año pasado aceptó un pedido formulado por la oposición para dar inicio a un juicio con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, fundamentado en maniobras contables que el Gobierno supuestamente hizo para maquillar sus resultados en 2014 y 2015. El proceso llegó a comenzar, pero fue suspendido por el Supremo debido a “errores de procedimiento” y deberá reiniciarse en las próximas semanas. Tras conocerse ayer la decisión del Supremo, Cunha declaró que el hecho de estar procesado no supone culpa y que tampoco lo obliga a dejar la presidencia de la Cámara baja. “Seguiré ejerciendo mis funciones con normalidad, porque será muy fácil demostrar mi inocencia”, dijo frente a un grupo de periodistas, a pesar de que en el Congreso se multiplicaron las voces de parlamentarios de todas las tendencias políticas que exigen su renuncia al cargo.