En un estado de derecho nadie puede estar por encima de la ley. Es decir, si se comprueba que cualquier ciudadano infringió la legislación apropiándose del dinero público, éste debería asumir las consecuencias. Ahora bien, esta primera consideración no puede realizarse sin mirar la historia brasileña y la suerte que han corrido los tres líderes populares más importantes.

Getúlio Vargas se suicidó en agosto de 1954, después de enfrentar una campaña implacable de la oposición política de la Unión Democrática Nacional (UDN), de los periódicos opositores, y la contribución inestimable para su caída que dieron los propios guardias presidenciales y hombres del Palacio del Catete, maniobra que terminaría con el atentado al periodista Carlos Lacerda y originaría la crisis que lo conduciría al suicidio.

Joao Goulart, heredero de Vargas, sería desplazado del gobierno por el golpe militar de 1964. Exiliado en países como Uruguay y Argentina, fallecería en nuestro país en circunstancias no esclarecidas, aunque es probable que haya sido de un paro cardíaco. La dictadura brasileña llevaría al país su cuerpo en silencio y sin rendirle un funeral como ex presidente, injusticia que sería reparada muchos años después por Dilma Rousseff al darle un funeral con honores de Estado.

Finalmente, queda el caso de Lula, el único de estos tres que nació en la pobreza y cuya trayectoria en el sindicalismo lo llevaría muchos años después a la presidencia. Luego de enfrentar acusaciones de corrupción en 2005 instrumentadas por los medios, fue reelegido en 2006 y terminó su mandato en 2010 con el 80% de aprobación por parte de los brasileños. Hoy un operativo fue realizado en su casa y fue llevado a declarar a Congonhas en el marco de revelaciones filtradas a la revista Isto É sobre la operación Lava Jato.

¿Es posible que casualmente los tres líderes populares más importantes de la historia brasileña hayan experimentado estas situaciones tan difíciles? ¿Qué pasa con Collor de Mello, con Sarney, con Fernando Henrique Cardoso, jerarcas de la desigualdad y el elitismo? ¿Acaso ellos no han tenido nada que ver con el sistema político y económico podrido que corroe la política brasileña?

¿Qué es la Justicia para un periodismo que se presenta como profesional y objetivo pero termina haciendo un ejercicio de cinismo que prescinde en sus encuadres de límites y de consideraciones éticas? O incluso, que utiliza la moral en forma selectiva e instrumental para condenar a unos y absolver a otros.

No es cuestión de ser afecto a teorías conspirativas, pero, ¿acaso es posible entender esta maniobra contra Lula fuera de la consideración respecto de que se trata del único líder que mantiene una popularidad significativa en el PT y un potencial candidato para las elecciones presidenciales de 2018?

Inevitablemente, como sucedió con el asedio a Getúlio Vargas hace más de 60 años, este cerco que se busca tender al líder popular más importante del país traerá más polarización y enfrentamientos para la sociedad. Si ya existía desde 2014 un panorama de polarización preocupante, originado por la ajustada diferencia del resultado de la elección en segunda vuelta entre Dilma y Aécio, esta nueva situación político-jurídica no hará más que acrecentar la polarización existente.