“Manos arriba, esto es un asalto”, sonó un grito nacido de las bancas opositoras y abstencionistas a la votación, frente al uso de su mayoría absoluta en el Parlamento español del Partido Popular (PP) para aprobar la reforma del Código Penal que tipifica como delito la convocatoria a referéndum independentista del jefe del gobierno autónomo vasco, Juan José Ibarretxe. De esta forma Ibarretxe quedará amenazado con la cárcel si intenta llevar adelante su proyecto de soberanía.
En una agitada sesión que terminó con gritos e insultos cruzados, todos los partidos opositores optaron por abstenerse como protesta por la tramitación y el contenido de la norma, a la que calificaron de “innecesaria, fraude de ley y atropello”. Según la oposición, que rechazó “frontalmente” la medida, la reforma avasalla los derechos de los legisladores, penaliza la política y aporta más problemas que soluciones. El portavoz socialista Juan José López Aguilar aseguró que la reforma “nos retrotrae a la época anterior a la transición”, cuando se usaba el Derecho Penal como represalia. Por su parte, el vocero de IU (Izquierda Unida), Felipe Alcaraz habló directamente de “involución democrática” y exhibió una pancarta con el lema “Todos a la cárcel”. El Código Penal contemplará penas de tres a cinco años de cárcel a quienes incurran en el delito en cuestión y a quienes destinen fondos públicos para financiar a partidos ilegalizados por su relación con el terrorismo.
La reforma entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial y afectará la consulta popular que el Ejecutivo vasco quiere convocar a partir de 2005, para la propuesta de Estatuto Político del País, de libre asociación de esa región con España. El denominado Plan Ibarretxe, que será debatido en 2004 por el Parlamento regional vasco, intenta apoyarse en el derecho de autodeterminación para ir más allá de la autonomía de que goza el País Vasco según la Constitución española de 1978.
Según López Aguilar, la modificación es un atropello legal tanto en el fondo como en la forma, y fue impuesta por el Consejo de Ministros al grupo de los populares del Senado, que la aceptó de forma acrítica. Tras la presentación de varias enmiendas, todas rechazadas por el PP, Alcaraz arremetió en el Congreso contra la forma “bonapartista” de legislar del oficialismo, en la que “no se respeta la división de poderes” establecida en la Constitución. “Estamos ante una mayoría absoluta que hace lo que le da la gana”, se quejó.
El PP, por su parte, reprochó al PSOE (Partido Socialista Obrero Español) su “deslealtad” y le recordó que prometió en su día “levantar un muro contra el plan Ibarretxe”. En tanto, el rechazo en bloque de la oposición fue calificado de “espectáculo bochornoso” por el ministro de Justicia, José María Michavila, quien aseguró que la ley “no se hace para meter a nadie en la cárcel” sino para evitar comportamientos “que quiebran las reglas de la democracia”, y lamentó que el PSOE “no haya sabido estar a la altura” y se haya instalado “en la política de pancarta”. Todos los voceros de la oposición, que solicitaron el amparo del Tribunal Constitucional, lamentaron también que esta reforma coincida con el XXV aniversario de la Constitución y advirtieron al PP de que emprende un “camino equivocado”. Sin embargo, el premier español José María Aznar advirtió ayer en Cádiz que las diversas propuestas de reforma de la Constitución que se están planteando pretenden “un cambio de régimen político” que conduciría a la ruptura del consenso esencial sobre la unidad nacional y el sistema autonómico.