Página/12 En Brasil

Desde Brasilia

Lo que resta de democracia. El contrapunto entre la marcha por el golpe blando contra la presidenta Dilma Rousseff y a favor del hostigamiento judicial de Lula convocada para este domingo por la oposición y el acto en defensa de la democracia organizado por el PT y los movimientos sociales para el próximo viernes, en el que se espera la participación del ex presidente, será determinante no sólo para el futuro del gobierno, sino para garantizar la vigencia plena del estado de derecho.

Dilma formuló ayer un llamado a los opositores para que en las movilizaciones de este domingo eviten “provocaciones, violencia y vandalismo... porque la democracia es algo muy importante para nuestro país”. El viernes había afirmado que no renunciará a la Presidencia, que sabe resistir las presiones como lo demostró cuando fue presa por enfrentar a la dictadura a comienzo de los años 70 y cuestionó a procuradores que el jueves último pasaron “todos los límites” al pedir la prisión de Lula.

Por cierto la escalada destituyente de los últimos días, objetivada en los intentos de proscripción del ex gobernante, pusieron en evidencia cierta erosión democrática a pesar de que no se haya alterado la institucionalización formal. Hay síntomas de un estado de excepción eventual resultante de acciones judiciales abusivas y la politización policial: agentes con armas largas irrumpieron el viernes por la noche en el sindicato de los metalúrgicos del San Pablo durante un acto de apoyo al ex mandatario y dirigente gremial. “Estamos viendo una seria de amenazas al estado de derecho que nos preocupa profundamente”, declaró uno de los organizadores del acto, el diputado petista Teonilio Monteiro da Costa.

Entre el viernes 4 de marzo cuando fue trasladado coercitivamente a declarar al Aeropuerto de Congonhas por orden del juez federal Sergio Moro, a cargo de la causa por corrupción en perjuicio de Petrobras, y el jueves 10 cuando fiscales de San Pablo demandaron su prisión, Lula fue víctima de atropellos que, bien vistos, parecen ser intentos de impedir su candidatura a las presidenciales de 2018 en el largo plazo y en el corto maniatarlo políticamente.

Miembros del Ministerio Público Federal adelantaron al diario Folha de S. Paulo que analizan abrir una acción civil que, de prosperar, suspenderá los derechos políticos del fundador del PT por hasta 10 años.

En otras palabras: los fiscales federales están buscando una brecha jurídica para impedirle que dispute un tercer mandato en octubre de 2018 para las que se perfila como fuerte candidato según una encuesta publicada en febrero.

Después de ser demorado a la fuerza en el aeropuerto de San Pablo Lula anunció que volverá a recorrer el país (como lo hizo en 2005 ante una intentona para derrocarlo) y que no descarta presentarse en las próximas elecciones. Algo que seguramente despierta preocupación en el campo opositor, que la semana pasada se abocó a cuestionar su posible designación como ministro del gabinete de Dilma, quien dijo que sería “un orgullo” tenerlo en el equipo de gobierno. Ministros y dirigentes del PT se sumaron al convite de Dilma, que Lula prometió analizar y no se descarta que esta semana haga conocer su de decisión.

De hecho las oficinas del Instituto Lula funcionaron como un gabinete alternativo la semana pasada, con la visita de funcionarios, dirigentes sociales y hasta del ex presidente paraguayo Fernando Lugo, derrocado por un golpe institucional en 2012. “Ahora los golpes son más refinados, más estudiados, de laboratorio, tienen la apariencia el disfraz de ser legales” declaró Lugo frente a la ONG ubicada en el centro paulista, que fue objeto de amenazas y pintadas intimidatorias.

La presencia de Lula da Silva en el gabinete revitalizaría a un gobierno que funciona con respirador artificial y neutralizaría la guerra de baja intensidad que le declararon el juez de primera instancia federal, Sergio Moro, en el caso Petrobras, y los fiscales provinciales de San Pablo en la causa por un departamento frente al mar. Esto porque de ser ministro gozaría de foro privilegiado y las denuncias en su contra serían tratadas por el Supremo Tribunal Federal, que no demuestra simpatías por el gobierno, pero es menos propenso a al exhibicionismo mediático de Moro y los fiscales, lanzados a detenerlo con o sin pruebas.

Una fuente que conversa habitualmente con ministros y con personas muy allegadas a la presidenta le dijo a este diario que “si no hubiera existido la reacción popular inmediata a favor de Lula la intención del juez (Sergio) Moro era detenerlo y trasladarlo a Paraná (sur brasileño) acusándolo integrar el esquema del Petrolao”.

“Según me dijeron (el viernes 4 marzo) había un avión policial listo para llevarse a Lula, por eso la extraña decisión de trasladarlo a las oficinas del aeropuerto en lugar de interrogarlo en la superintendencia de la Federal. Pero la policía no manda en los aeropuertos que están bajo la jurisdicción de la Aeronáutica. Cuando los militares vieron que podían llevarse a Lula preso surgió una discusión de competencias, y al final se impusieron los militares no dejaron que lo lleven aparentemente porque que temieron un batalla campal en el aeropuerto. O sea lo que realmente impidió la detención fue la gente”.

Los adversarios del líder petista en el Poder Judicial recibieron con sorpresa su aún robusta popularidad traducida en la protesta espontánea en la aerostación paulista y varias capitales, un dato que también fue registrado por el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y la empresa de noticias Globo. Pero acaso fue mal leído por los fiscales provinciales de San Pablo que demandaron su prisión preventiva el jueves último luego de acusarlo de lavar dinero y ser el dueño oculto de un departamento en el popular balneario de Guarujá que sospechan le fue obsequiado por la constructora OAS, como recompensa por contratos millonarios con Petrobras.

Para los acusadores paulistas Lula representa una amenaza por su capacidad de convocatoria. El acusado, escribieron los fiscales, detenta una “fuerza político-partidaria que puede movilizar a grupos de personas que promuevan tumultos, agresiones, causando el caos en el sufrido pueblo brasileño”.

Los abogados de Lula denunciaron el intento de “amordazarlo políticamente, impedirle que manifieste su pensamiento y ejerza sus derechos” y junto con ello la implícita criminalización de la actividad partidaria.

Miguel Reale Junior, Luiz Gregori y José Carlos Dias tres ex ministros de Justicia durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, calificaron como “exagerada” y “aberrante” la fundamentación del arresto. La prepotencia de los fiscales del interior de San Pablo fue reprobada ayer en el editorial el diario O Globo titulado “Consecuencias del frágil pedido de prisión contra Lula”.

Sin apartarse de su prédica a favor del impeachment de Rousseff y por la condena judicial de Lula a como sea, el editorial regaña a los procuradores por una fundamentación de pobre “base jurídica” que no logra disimular su “cuño político”.

Más abajo, la página electrónica del diario, divulga un video en el que un profesor de artes marciales convidando a la concentración destituyente y avisa, entre líneas, que junto a otros “Luchadores por la Paz” está pronto para partirle la madre al primer petista que se aparezca para defender al gobierno.

La prensa privada se embarcó sin pudor en el proselitismo destituyente. “Se los digo de corazón, tenemos que ir a la (Avenida) Paulista este domingo, hagámoslo por nuestras familias, por nuestras buenas costumbres, la gente de bien tiene que estar de manos dadas con nuestros policías que están de nuestro lado contra las hordas”, convidó el viernes Silvia Poppovic, una periodista que ganó fama por sus reality shows para amas de casa y actualmente conduce un programa radial de gran audiencia en San Pablo.