El congreso de la coalición opositora uruguaya Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) oficializó ayer la fórmula presidencial de su líder, el médico Tabaré Vázquez, y el senador Rodolfo Nin Novoa para las elecciones de octubre del año que viene. La nominación de este último fue muy debatida en este congreso y la fórmula todavía deberá ser ratificada en junio del 2004 en las elecciones internas de todos los partidos. Es posible que entonces se presente algún otro candidato de esta coalición de izquierda, pero con el poder que tiene Vázquez en su partido, las chances de que esto suceda son remotas. En el congreso se aprobó el programa del “futuro gobierno 2005-2010”, reanudar las relaciones con Cuba –interrumpidas desde el 2002–, rechazar el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y adecuar las leyes sobre derechos humanos a los tratados internacionales. Durante las deliberaciones, Vázquez declaró que los cambios que exigen los uruguayos no son “un desafío fácil y rápido, eso hay que saberlo desde ya”. Una encuesta difundida el sábado reveló que el 48 por ciento de los uruguayos quiere que Vázquez sea presidente.
“Primero está el Uruguay social (restañar las desigualdades), segundo el Uruguay productivo, tercero el Uruguay inteligente e innovador y cuarto el Uruguay democrático.” Así resumió el líder socialista Tabaré Vázquez el programa aprobado por el congreso de la coalición de izquierda. El candidato a presidente del FA dijo que hay que repensar “la utopía, recrear la ilusión, pero también debemos tener sentido de la realidad”. Según él, “aspirar a lo imposible” es un rasgo reaccionario, y “para que las cosas cambien se necesita inteligencia y voluntad”.
En el congreso, en el que participaron unos 1500 delegados y 1000 suplentes de los sectores que integran la coalición EP-FA –los socialistas, que son mayoría y están representados por Vázquez; comunistas, ex guerrilleros Tupamaros, moderados e independientes– se aprobó por unanimidad la candidatura de Vázquez, que representa al Frente Amplio, y la de Nin Novoa, del Encuentro Progresista. También se aprobaron varios puntos sobre la vigencia de los tratados de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos de Costa Rica con respecto a las violaciones de estos derechos durante la dictadura uruguaya.
Durante las deliberaciones, los radicales propusieron, en el caso de que el Frente Amplio llegue al gobierno nacional, la derogación de la ley de Caducidad o “Punto final”. Esa ley, aprobada por el Parlamento en 1986 y ratificada por los ciudadanos en un referendo realizado cuatro años después, puso fin a los juicios contra policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar que gobernó Uruguay desde 1973 hasta 1985. Antes de la sanción del “Punto final” se había aprobado una amnistía para los presos políticos y los ex guerrilleros Tupamaros, dos de cuyos líderes históricos, José Mujica y Eleutelio Fernández Huidobro, actualmente son senadores. El secretario general de la central única de trabajadores PIT-CNT y miembro del FA, Juan Castillo, indicó que si bien “no se hace mención explícita a la ley de Caducidad”, el programa de gobierno de la coalición “deja claro que se impulsará su revisión para terminar con la impunidad”.
En octubre del año que viene, la izquierda se presentará en las elecciones nacionales con la misma fórmula presidencial de 1994 y 1999. En la primera vuelta de los últimos comicios, Vázquez y Nin consiguieron que EP-FA se convirtiera en la primera fuerza electoral del país, pero cayeron derrotados en la segunda vuelta cuando la dirección del Partido Nacional resolvió apoyar la fórmula Jorge Batlle-Luis Hierro López, que hoy está en el gobierno. Desde que en 1994 se formó el Encuentro Progresista, Nin Novoa ha sido el principal compañero de Vázquez, no sólo en los comicios, sino también en los referendos en los que ambos han participado, como la reciente consulta popular contra la iniciativa del gobierno de Batlle para privatizar parcialmente la petrolera estatal ANCAP. Según los analistas, el triunfo del EP-FA en el referendo contra esta privatización fue un votocastigo contra la gestión de Batlle y, especialmente, contra su política económica neoliberal.