Por Juan Miguel Muñoz*
Desde Bagdad

Dos soldados norteamericanos murieron ayer y otros dos resultaron heridos de gravedad al ser alcanzado el convoy en el que se desplazaban por el sudoeste de la capital, el mayor incidente desde la captura de Saddam Hussein. Seis asociaciones de víctimas de la represión del preso líder iraquí y varios países –entre ellos, Israel, Irán y Kuwait– han anunciado que presentarán querellas ante el tribunal que juzgue al ex dictador. Lo acusan de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Al menos unas 300.000 personas yacen en las 118 fosas comunes conocidas hasta ahora.
La Asociación de Prisioneros Políticos, la principal organización que quiere personarse en el proceso, eleva la cifra de víctimas del régimen del partido Baaz (1968-2003) hasta los cinco millones. Pero el juicio contra Saddam llevará tiempo: hay que estudiar las pruebas y falta por determinar aún la composición del tribunal y el inicio del juicio.
Las paredes de la que fue lujosa mansión de Mahir Mustafá el Nasri, primo de Saddam todavía fugado, están empapeladas con las fotografías de decenas de personas: el piloto de aviones de combate Nasar Alí; el jeque Mayid el Bedraui; Nagam Abdul Husein, una niña de 9 años, y su hermano Husein Alí, de 12. Son cuatro de los ejecutados o desaparecidos entre 1979 y 2003 en Irak. Suman, sin duda, cientos de miles. Desde el 11 de abril, esa casa de Bagdad a orillas del Tigris está ocupada por la organización que pretende convertirse en la principal parte acusadora en el juicio al que será sometido el ex líder iraquí.
La lista de cargos contra Saddam Hussein promete ser prolija. Otras cinco asociaciones similares y varios países han anunciado que presentarán querellas ante el tribunal que lo juzgará, cuya exacta composición se desconoce todavía, como se ignora cuándo arrancará el juicio. Las víctimas de su régimen quieren imputarle los delitos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. La incesante represión de los kurdos y de los chiítas saldrá a la luz. La recopilación de documentos y pruebas no ha hecho más que comenzar.
Ibrahim el Idrisi, de 36 años, y su hermano Abdulfatá, cuatro años más joven, dirigen la Asociación de Prisioneros Políticos. Han puesto a disposición de las autoridades estadounidenses más de 100.000 casos documentados de ejecutados o desaparecidos, con las acusaciones contra sus presuntos responsables. Son 15 millones de folios. ¿Cuántas personas fueron enterradas en 118 fosas durante 24 años de represión sin descanso o en otras muchas por descubrir? Ibrahim y Abdulfatá hablan de “cinco millones”. La representante de Human Rights Watch en Irak, Hania Mufti, sólo alude a las personas de las que, con pruebas fiables, se ignora su paradero: “Calculamos que durante el período comprendido entre 1979 y 2003 hay unas 300.000 personas desaparecidas”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.