Página/12 En México

Desde la Ciudad de México

El gobierno de Enrique Peña Nieto habilitó un mecanismo de repatriación impune de las fortunas clandestinas de prominentes empresarios, contratistas consentidos de los últimos tres presidentes, políticos de alto perfil, estrellas de la farándula y hasta narcotraficantes que escondieron capitales en empresas off shore creadas a través del grupo Mossack Fonseca & Co., en Panamá, especialista en lavar dinero y evadir impuestos.

Además, los mexicanos no conoceremos un solo dato de cualquier investigación que el gobierno diga que supuestamente realizó sobre alguno de los 33 mexicanos hasta ahora identificados por la mayor filtración periodística de la historia, conocida como The Panama Papers, porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda los ha envuelto en el manto del secreto fiscal. Los resultados no serán públicos.

Entre los principales personajes involucrados en el escándalo mundial de los paraísos fiscales destaca Raúl Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca y de Grupo Salinas, cuya hija Ninfa Salinas es senadora por el Partido Verde Ecologista de México, un burdo apéndice del oficialista PRI. También se identificó a Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente de finanzas de Grupo Televisa (controladora del mayor emporio de televisión en español del mundo) y uno de los funcionarios más cercanos a Emilio Azcárraga Jean, a quien habría propuesto como cliente de Mossack Fonseca.

El propio Peña Nieto ha sido salpicado por el escándalo financiero global, al revivirse el escándalo de la casa blanca, la mansión de 7 millones de dólares que recibió la esposa de Peña Nieto. Uno de los nombres más conocidos en los Panama Papers es Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de Grupo Higa, la empresa constructora que vendió y financió las casas de la primera dama, Angélica Rivera, y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El empresario favorito de Peña Nieto sacó del país al menos 100 millones de dólares justo cuando era investigado por el gobierno de su amigo y benefactor, que posteriormente lo exoneró.

En igual circunstancia están los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, emanados del derechista PAN, que favorecieron a la cúpula de la naviera Oceanografía, hundida en su propia corrupción como una de las principales contratistas de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Los Panama Papers señalan al dueño de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, a su ex director financiero Martín Díaz Alvarez y a sus socios, los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, quienes además son propietarios de los casinos Big Bola.

El propio ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, designado en ese cargo entre 2012 y 2016 por Peña Nieto, trató de abrir una empresa en Dubai a través de Mossack Fonseca. Antes de incorporarse al equipo del presidente Peña Nieto, Lozoya fue funcionario Banco de México, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Económico Mundial, donde hizo los contactos necesarios para abrir su propio fondo, JFH Lozoya Investments, y asesorar inversionistas con intereses en Latinoamérica, según reportes periodísticos.

La lista pasa también por Guillermo Cañedo White, ex socio de Grupo Televisa, ex presidente del club de fútbol América y ex vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Fútbol (Concacaf). Su nombre está fuertemente vinculado al de El Fantasma, el mote con el que se conoce al mexicano Angel González, propietario de Albavisión, desde donde compró canales de televisión en México, Centro América y Sudamérica, incluyendo Canal 9 y Radio Continental de Argentina.

Los nombres que se van conociendo incluyen a la actriz Edith González, quien fuera pareja de Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación del presidente Vicente Fox y precandidato a la Presidencia de la República por el derechista PAN, pero fue derrotado por Felipe Calderón, quien se convirtió en presidente en 2006 en medio de un escándalo por fraude electoral.

Entre los clientes mexicanos de Mossack Fonseca hay narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, recientemente liberado tras cumplir 28 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. Hoy es nuevamente prófugo de la justicia. Junto con el viejo narcotraficante, los Panama Papers ubicaron a dos lavadores de dinero de Joaquín Guzmán Loera: la guatemalteca Marllory Chacón, alias “La Reina del Sur”, y el colombiano Jorge Milton Cifuentes.

Pero nada de esto es delito a priori, dice el Servicio de Administración Tributaria en México.

Todos esos capitales sucios –y, de hecho, cualesquiera otros– tienen de plazo hasta el 21 de junio para ser devueltos al país sin que ninguna autoridad investigue sus orígenes. Solamente deberán pagar los impuestos correspondientes por ingresar el dinero al sistema financiero mexicano. Sin preguntas. Prácticamente una operación oficial de lavado de dinero.

El mecanismo anunciado por el SAT no contempla auditorías ni multas para quienes fueron expuestos por los Panama Papers. Solamente aquellos que no se acojan a esta medida serán sujetos a investigación.

El hoyo no es menor. Una investigación de la Red para la Justicia Fiscal (TJN, por sus siglas en inglés) divulgada en febrero de 2015 asegura que varios paraísos fiscales escondían más de 417 mil millones de dólares que salieron de México, una cifra que duplicaba la reserva de divisas del país de ese momento. Los ciudadanos mexicanos ocupan el sexto lugar entre las nacionalidades que más recursos movilizan mediante estos sistemas, sólo después de chinos, rusos, brasileños, coreanos y kuwuaitíes. Este dato se conoció luego de la anterior gran filtración a la prensa a través de ICIJ, que reveló una lista de evasores que utilizaban los servicios de una filial suiza del banco HSBC.

México es uno de los 76 países que aportó un puñado de periodistas a la magna investigación trasnacional de la mayor filtración periodística conocida hasta la fecha, desde la revista Proceso y el portal en línea Aristegui Noticias, pero salvo excepciones como los diarios La Jornada y Reforma, el resto de la principal prensa de la capital del país ha minimizado uno más de los escándalos de corrupción que enlodan a la administración del cuestionado priísta Enrique Peña Nieto.