Durante años, el relato dominante decía que Chile estaba exento de escándalos de corrupción que son habituales en los países de América Latina. Tal consenso omite que la dictadura de Pinochet transfirió responsabilidades elementales del Estado (jubilación, educación, salud) a empresarios que, en gran medida, financian e incluso gestionan la política del país.

Llegó la hora de la sorpresa ante un cúmulo de casos de corrupción de derecha a izquierda. Así lo ponen de manifiesto los diarios y la televisión, desde el matutino conservador El Mercurio hasta la revista satírica The Clinic, e incluso debaten sobre los límites del humor político. Como si esto fuera poco, hay chilenos involucrados en el escándalo internacional sobre paraísos fiscales que se conoció esta semana como Panama Papers.

Si en 2013 el eje del interés noticioso pasaba por debatir sobre la educación, como consecuencia de las marchas y el activismo de los estudiantes a favor de la gratuidad de la enseñanza, hoy lo es la corrupción que atraviesa la clase política. Nadie se salva, e internet lo replica infinitas veces. Como la viralización de los correos electrónicos que intercambió el ex presidenciable de la derecha, Pablo Longueira, con el ex gerente general de la empresa minera Soquimich, cuando el gobierno de Sebastián Piñera definía la fórmula de su proyecto de royalty para la gran minería.

Los casos van desde la investigación por cohecho con relación al cambio a la ley de royalty minero que pesa sobre el político de la UDI, pasando por la imputación por evasión fiscal a la nuera de la mandataria Michelle Bachelet, Natalia Compagnon hasta el uso de un jet privado del ex candidato presidencial Marco Enriquez Ominami. La lista sigue, incluyendo el “milicogate”, un millonario fraude al fisco realizado por la institución castrense a través de la Ley Reservada del Cobre y que tiene como principal imputado al coronel Clovis Montero.

En el resonante caso Panama Papers que mantiene en vilo a jefes de estado actuales y pasados a escala global figuran el ex ministro de Hacienda de Pinochet y candidato presidencial Hernán Büchi, el dueño de El Mercurio S.A.P. Agustín Edwards Eastman y el presidente de la Ong Chile Transparente Gonzalo Delaveau –quien renunció horas después de conocida la noticia– entre políticos, empresarios y personalidades de la industria del entretenimiento.

La credibilidad de los políticos chilenos está en su peor hora, y es dable señalar también que la divulgación de prácticas turbias se ha convertido en una herramienta de campaña letal contra un adversario. Cuando falta un año para los comicios presidenciales en el país andino, la paradoja es que se postulen personajes del establishment partidario salpicado por casos de corrupción: suena cada vez más el nombre de Ricardo Lagos como candidato de la alianza gobernante Nueva Mayoría, desde la derecha se prepara Sebastián Piñera y Marco Enriquez Ominami va por su tercera postulación a La Moneda por la vereda alternativa.

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