Hasta el año 2022, Estados Unidos no comprará gas natural a Bolivia. La noticia llenó de bronca a la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, que ayer aseguró que Bolivia no sólo perdió el negocio de la exportación de gas a Estados Unidos sino también la posibilidad de industrializar el etano, uno de los componentes del gas. Luego de que la semana pasada la empresa norteamericana Sempra Energy firmara un contrato para comprar 3,7 millones de toneladas de gas natural por año a Indonesia, el comité cívico del departamento de Tarija, donde están los yacimientos gasíferos, exigió el traslado de la sede del gobierno en La Paz –a la que consideran una ciudad “ingobernable” después del estallido social de octubre pasado– a la pujante ciudad de Santa Cruz. El ministro de la Presidencia, José Galindo, pidió que “las aguas se calmen y que todos los bolivianos nos sentemos a ver qué es lo que vamos a hacer con nuestro futuro como Bolivia unida”.
Con el contrato firmado entre Estados Unidos e Indonesia, Tarija perderá casi 70 millones de dólares por año. Al conocer este acuerdo, la poderosa Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), con sede en Santa Cruz, reclamó la división territorial de Bolivia. El dirigente de la CAO, Svonko Matkovic, dijo que “debemos decidir quiénes quieren pertenecer a la nueva Bolivia productiva y quiénes a la antigua y ésa debe ser la primera pregunta” de la asamblea constituyente que propuso el gobierno de Carlos Mesa. Entretanto, el comité cívico de Tarija declaró en un manifiesto público que “ya no es posible conducir los destinos del país desde ese centro ingobernable, atormentado y convulso que es La Paz”. La carta aludía a las revueltas populares de octubre pasado en las ciudades de La Paz y El Alto contra un proyecto de exportación de gas boliviano a Estados Unidos y México a través de Chile. El estallido, que causó decenas de muertos, terminó con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Según este comité, desde entonces La Paz se ha convertido en “un centro urbano que ha perdido toda racionalidad y que no reúne las mínimas condiciones para que el Estado funcione en beneficio de todos los departamentos”. De modo que exige “el traslado de la sede de gobierno a Santa Cruz de la Sierra”.
El manifiesto, divulgado después de que el gobierno de Mesa reconociera el fracaso del negocio, exige también “el traslado del poder Legislativo a la ciudad de Sucre rectificando de esta forma, aunque parcialmente, una injusticia histórica, en beneficio de los pueblos del sur de Bolivia”. El texto se refería a la “revolución federal” de 1898, que terminó con el traslado de la sede del gobierno a La Paz.