El gobierno brasileño presentó ayer un recurso de amparo contra el juicio de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Afirmó que está dispuesto a librar una verdadera batalla judicial para frenarlo y alegó violaciones al derecho de la defensa.

El pedido fue presentado ante el Supremo Tribunal Federal (STF),en la víspera del inicio de los debates en el pleno de la Cámara de Diputados. La votación prevista para el domingo decidirá sobre la remoción de Rousseff de su cargo, al acusarla de presunta manipulación de las cuentas públicas, si dos tercios de la cámara acompaña. Luego el senado definiría su destitución definitiva por mayoría simple.

En base a esto, el STF convocó una sesión extraordinaria para analizar las demandas que recibió. “Situaciones excepcionales exigen medidas excepcionales”, declaró el presidente del Tribunal, Ricardo Lewandowski.

El abogado general del Estado José Eduardo Cardozo fue quien presentó una acción que denuncia vicios que según su opinión “hieren de muerte el proceso”. Además, dijo que formuló varios pedidos entre los cuales citó como principal el que exige que se declare nulo el informe aprobado por una comisión de 65 diputados que examina si existen méritos jurídicos para el proceso. El diputado instructor Jovair Arantes entregó aquel documento luego de que aceptó la acusación de que la presidenta incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015. También se la acusó de modificar presupuestos mediante decretos, de que acumuló deudas y contrató créditos con la banca pública. Para Cardozo la demanda no contesta el mérito de la acusación, a pesar de que el Gobierno lo niega, sino que se restringe a calificar de vicios procesales. “El informe del instructor citó casos completamente ajenos a la denuncia, como las investigaciones sobre los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras, en los que la presidenta ni siquiera ha sido citada”, declaró. Y continuó: “sólo eso ya perjudica el legítimo derecho a la defensa de la mandataria, que en sus alegatos se limitó a responder sobre aquello que era objeto de la acusación”. El abogado general de la Unión sostuvo que “hubo contaminación del proceso, porque los diputados discutieron cosas que no se plantean en la denuncia”. A su vez explicó que han solicitado al Supremo que se rehaga toda la instrucción, que se aclare el objeto de la denuncia y que se abra un nuevo espacio para la defensa. Según Cardozo, este recurso no quiere decir que no vayan a presentar otras acciones legales similares.

Si el TSF admite la medida promovida por la Abogacía General de la Unión (AGU, institución responsable del ejercicio de la abogacía pública en ámbito federal),podría llevar a la suspensión de los debates. El gobierno perdió en los últimos días a aliados de importancia y las encuestas indican una tendencia al aumento de los partidarios de la destitución, que se acercaban a los 342 votos necesarios (dos tercios de un total de 513 diputados) para aprobar la moción.

Si el Senado ratifica la decisión de destituir a Rousseff (del Partido de los Trabajadores, de izquierda), sería reemplazada por su vicepresidente Michel Temer (del centrista Partido del Movimiento Democrático). En caso de que la cámara alta la declare formalmente culpable en un lapso máximo de 180 días, Temer completaría el mandato que tiene fecha de expiración a finales de 2018. Además de la demanda presentada por Cardozo, el STF deberá juzgar otras cuatro que cuestionan algunos aspectos procesales, aunque sin llegar a pedir la suspensión de los trámites.

La mandataria, que niega haber cometido delitos que justifiquen la destitución, denunció una tentativa de golpe de Estado, orquestada por Temer y por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Para la AGU “Rousseff enfrenta un verdadero proceso kafkiano, en el cual el acusado no consigue saber, con exactitud, de qué se lo está acusando, ni tampoco el por qué”.

Por su lado, Arantes criticó la iniciativa del titular de la AGU. “Cardozo, como ciudadano puede presentar ese recurso, pero si se trata de una iniciativa de la AGU, sería muy triste porque los abogados de la Unión están para defender a la Unión, para defender al país, y no a una persona”, afirmó.

Los partidarios de ambos bandos convocaron a movilizaciones masivas para el fin de semana en la capital, donde las fuerzas de seguridad tendieron un vallado a lo largo de la explanada de los ministerios para evitar incidentes frente al Congreso, y en las principales ciudades del país.