Tres miembros de GIEI ayer en rueda de prensa en Ciudad de México.

El grupo de expertos de la CIDH pidió ayer al jefe de investigaciones criminales de la fiscalía mexicana apartarse del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La solicitud es para permitir una investigación imparcial sobre las contradicciones detectadas en una crucial diligencia.

“La Agencia de Investigación Criminal (dirigida por Tomás Zerón Lucio) debe estar fuera de cualquier procedimiento de investigación para asegurar la imparcialidad de la misma”, dijo en una conferencia de prensa el español Carlos Beristaín, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El GIEI ofreció ayer una conferencia de prensa luego de que Zerón desestimó el miércoles los señalamientos en su contra detallados en el informe final del grupo de expertos, que el sábado concluye su misión de un año en México en medio de un ambiente de tensión con el gobierno del país.

Este informe final del GIEI, presentado el domingo, señala al director Zerón Lucio por haber omitido incluir en el expediente oficial del caso Ayotzinapa el registro de la visita realizada al río San Juan el 28 de octubre de 2014 con uno de los detenidos clave del caso. En este río, según la versión oficial, habrían sido arrojadas las cenizas de los 43 estudiantes procurados luego de haber sido asesinados, incinerados y sus restos desaparecidos el 26 de septiembre de ese año en Iguala (estado de Guerrero, sur), una ciudad cercana a ese vía fluvial. Los expertos cuestionaron que un imputado en el crimen fuera llevado por Zerón a la escena del río sin ningún registro de esa diligencia en el expediente, así como de la recolección de evidencia en el lugar sin seguir los procedimientos de la investigación.

Por su parte, Zerón Lucio se defendió diciendo que el procedimiento “fue legal, a la luz del día y atestiguado por representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas así como por decenas de periodistas”.

Para probar la presencia de los representantes de la ONU, Zerón presentó el miércoles un video en el que dos diplomáticos del organismo aparecen en donde, él dijo, se realizaba la diligencia. Sin embargo, el GIEI argumentó ayer que Zerón manipuló la presencia de los representantes de la ONU, uno de los cuales ahora es secretario ejecutivo del grupo de expertos. Según el GIEI, estos dos representantes de la ONU estuvieron ese día en un campo cercano, pero en ningún momento vieron al detenido, ni estuvieron en el escenario del río. Las afirmaciones de Zerón constituyen una tergiversación de la realidad y un comportamiento impropio del jefe de investigaciones criminales de México, subrayó Beristaín.

La visita al río el 28 de octubre cobra especial importancia porque Zerón habría llevado a ese lugar a uno de los inculpados, que según el GIEI fue antes torturado, a identificar el lugar en el que habrían arrojado ocho bolsas con las cenizas de los jóvenes desaparecidos. El 29 de octubre de 2014, según la fiscalía fue hallada una bolsa de la que se hallaron restos óseos de Alexander Mora, el único estudiante de los 43 identificado a través de pruebas de ADN.

Para el GIEI existen varias líneas de investigación, como lo que revelan los teléfonos celulares de algunos normalistas y la participación de policías de otras localidades, que no han sido agotadas en la indagatoria oficial y que podrían dar más pistas en torno del ataque a los estudiantes y a los integrantes del equipo de fútbol de Los Avispones. Además, en la conferencia el grupo de expertos lamentó lo que consideró un bloqueo de las autoridades mexicanas para obtener información, y que el gobierno no haya querido extender la estancia del grupo tras su labor. Esto cuestiona la veracidad de la versión oficial. “El informe revela todas las deficiencias, fallas e incapacidad de las instituciones mexicanas para una adecuada y esclarecedora investigación”, indicó Edgar Cortés, coordinador de Seguridad Ciudadana y Democracia, en una entrevista con Telesur.

Según el informe presentado el domingo, uno de los aspectos pendientes de resolver para los expertos es que algunos de los teléfonos de los normalistas estuvieron activos unas horas o días después de lo sucedido. Hay actividades registradas luego de la hora que la versión oficial declaró que habrían sido asesinados en el basurero de Cocula. También, integrantes del 27 Batallón del Ejército estuvieron presentes en diversos escenarios, por lo que desde abril del 2015, los expertos habían solicitado entrevistar a los militares, al considerarlos clave para obtener pistas sobre la desaparición, pero esto les fue negado.

Otro punto central reporta la movilización de la Policía de Huitzuco, con unos 25 efectivos y seis patrullas, para llevar a cabo, aparentemente, un retén en la carretera en el cruce hacia Pololcingo, sin ningún motivo declarado, durante las horas clave de esa noche, mientras estaban dándose los ataques a los normalistas y Los Avispones. A su vez, se destaca que hasta 80 por ciento de los detenidos por el caso declararon haber sufrido torturas. Cinco de los detenidos que respaldan la verdad histórica de la desaparición, aparentemente ofrecieron sus versiones forzados por un ambiente de torturas, según informes médicos que recogían lesiones físicas.

Los investigadores internacionales aseguraron que su trabajo está lejos de ser completado. Sin embargo, van a dejar México en los próximos días, tras constatar las fallas en la investigación oficial de la Procuraduría General de la República (PGR). Mientras, la PGR afirmó que el caso permanecerá abierto hasta que todas las personas penalmente responsables sean presentadas ante las autoridades. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, agradeció al GIEI a través de Twitter y afirmó que se analizará el informe para enriquecer la investigación policial.