El crimen de ocho miembros de las fuerzas de seguridad paraguayas generó un fuerte rechazo en el país vecino. Disidentes del oficialismo y opositores reclamaron ayer la renuncia del presidente y el ministro del Interior de Paraguay, Horacio Cartes y Francisco de Vargas. El Senado, en tanto, convocó para hoy a una sesión extraordinaria con motivo del asesinato de los ocho militares, ocurrido anteayer y atribuido a la organización guerrillera Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo que mantiene secuestrados a un policía y a dos colonos menonitas. Cartes viajó ayer a la zona donde tuvo lugar el ataque, en el distrito de Horqueta, en el departamento de Concepción, para entrevistarse con mandos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), cuerpo encargado del combate al EPP y al que pertenecían todas las víctimas.

Mientras el país seguía conmocionado por las muertes, el mandatario paraguayo se refirió a la muerte de los ocho militares. “Yo asumo aquí la primera línea. Este dolor hay que transformarlo en hechos”, dijo Cartes, quien apareció acompañado por el ministro del Interior, Francisco de Vargas, y por las principales autoridades de la Policía Nacional. A su regreso anteanoche de México, donde se encontraba de viaje oficial, el jefe de Estado leyó un comunicado ante los periodistas, en el aeropuerto de Asunción, en el que se comprometió a acabar con el terrorismo en el tiempo de mandato que le resta, que finaliza en 2018. “Las reacciones violentas y cobardes del EPP son el precio que pagamos por nuestra intención de acabarlos y tarde o temprano esta historia tiene un solo final: los vamos a encontrar y hacerles pagar por todo el dolor”, sostuvo Cartes.

Para hoy el Congreso convocó a una sesión extraordinaria y simultánea, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, con el objetivo de debatir acerca del atentado.

Los ocho militares fallecidos integraban una patrulla de la FTC que realizaba tareas de control en un camino vecinal donde se había colocado un artefacto explosivo, que fue detonado al paso del camión para transporte de tropas y pertrechos. Tras la explosión, los militares fueron tiroteados por un grupo de personas que todavía no fueron identificadas, según anunció el comunicado de la FTC, creada en 2013, al inicio del gobierno de Cartes, para combatir al EPP.

El atentado despertó una serie de condenas y muestras de repudio en todo Paraguay, que se manifestó en los medios de comunicación y en las redes sociales. La gobernación del departamento de Concepción, donde fueron llevados los cuerpos de algunos de los fallecidos para ser velados, declaró tres días de luto, una medida que fue adoptada por la Municipalidad de Asunción. Las condenas también alcanzaron a un amplio sector del arco político, desde el oficialismo a la oposición, aunque con matices, ya que algunos legisladores opositores pidieron la salida del ministro del Interior.

Mientras el oficialista Partido Colorado calificó el ataque de “grave y cobarde atentado” y lo atribuyó a “criminales que operan en el norte” del país, según un comunicado firmado por el presidente de la agrupación, Pedro Alliana, la formación política Frente Guasú, a la que pertenece el ex presidente paraguayo Fernando Lugo, responsabilizó al gobierno y dijo que mantiene “una estrategia fracasada en materia de seguridad”.

“Cartes se debe decidir a cumplir sus funciones o dejar el cargo para que otro lo haga”, afirmó la senadora Desirée Masi, del opositor Partido Democrático Progresista (PDP).

Otros actores sociales también se sumaron a las condenas, como la Conferencia Episcopal, que pidió en un comunicado el cese de la violencia. “¡Paren! ¡Basta de tanto dolor y luto!”, reclamaron los obispos a los autores del atentado y exigieron a las autoridades tomar todas las medidas legales para su castigo y para evitar el derramamiento de más sangre inocente.

Por su parte, la sección paraguaya del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) pidieron el esclarecimiento del atentado, y lamentaron que la pérdida de vidas humanas sea la norma de convivencia en el país. Desde el Ministerio Público indicaron ayer que todavía no contaban con los datos suficientes para elaborar un informe definitivo sobre lo sucedido, ni para identificar a los autores del atentado.

Sin embargo, el ministro del Interior declaró ante los medios locales que el lugar donde se produjo el ataque es una las zonas identificadas como área de influencia del EPP. El gobierno responsabiliza a ese grupo de haber perpetrado medio centenar de asesinatos desde su fundación, en 2008. El grupo tiene actualmente secuestradas a tres personas: desde hace dos años a un policía, desde hace uno a un colono menonita y desde el mes pasado a otro miembro de esa comunidad religiosa, de 17 años.