El conflicto entre el gobierno de Evo Morales y los mineros se cobró una nueva vida. El ministro boliviano de Gobierno, Carlos Romero, confirmó la muerte de un cuarto trabajador, que el martes había sido alcanzado por la explosión de una carga de dinamita que le voló una mano y parte del estómago. “Sabemos que, lamentablemente, hay cuatro cooperativistas fallecidos”, anunció Romero en una entrevista con medios estatales. Además, el funcionario detalló que los otros tres obreros perdieron la vida por heridas de bala. La Justicia boliviana dictó prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad para el líder principal de las cooperativas mineras, Carlos Mamani, y otros cinco dirigentes: todos fueron acusados por la fiscalía de ser autores intelectuales del asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.

Si bien fue el encargado de dar la noticia, el ministro boliviano de Gobierno no dio mayores detalles sobre la identidad del cuarto minero muerto, que falleció en un hospital de la ciudad de Oruro, donde permanecía internado desde el martes cuando las cooperativas mineras comenzaron a bloquear rutas en oposición al gobierno. Con sus protestas, que incluyeron cortes de rutas y autopistas en varios puntos de acceso a La Paz, los mineros de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), aliada del Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales desde 2006, exigían la derogación de la ley promulgada recientemente por el mandatario, que permite la formación de sindicatos en las cooperativas, lo cual consideran perjudicial para esas entidades. La alianza entre la federación cooperativista y La Paz, según el politólogo Gustavo Pedraza, está en un grave riesgo y podría desaparecer.

El ministro Romero ratificó que todas las muertes deben ser aclaradas con una investigación científica. “El manifestante muerto hoy (por ayer) manipuló mal el explosivo en las protestas contra la policía”, aseguró el funcionario del gobierno boliviano en declaraciones a la radio estatal Patria Nueva. Los otros tres mineros murieron entre miércoles y jueves, durante el apogeo de las protestas. Se trata de Severino Ichota, Fermín Mamani y Rubén Aparaya Pillco, quienes fallecieron luego de ser alcanzados por disparos durante los enfrentamientos de manifestantes con la Policía en los bloqueos en Cochabamba y el altiplano.

Asimismo, Romero prometió que el gobierno buscará un contacto con las familias de los mineros fallecidos para ayudarlos y que todo será esclarecido en el ámbito jurisdiccional correspondiente. En este sentido, el Ministerio Público anunció el viernes la apertura de una investigación por la muerte de los mineros, que incluirá a los policías que participaron de los operativos destinados a desbloquear las rutas, pero hasta ayer no se había informado si esa pesquisa había comenzado. Y aunque las autoridades afirmaron que investigarán la muerte de los mineros, insistieron en que los agentes policiales no tenían órdenes de portar armas letales en el desbloqueo de las carreteras.

En el marco de las primeras actuaciones por el crimen del viceministro boliviano de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, la titular del Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal de El Alto –localidad vecina a La Paz—, Ana Dorado, resolvió encarcelar preventivamente al presidente de la Fencomin, y a otros cinco dirigentes. Dorado ordenó que Mamani, Carlos Castro, René Cochi, Silvestre Flores y Roberto Durán fueran recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicada a 20 kilómetros de La Paz, y que Julián Pinto fuera internado en la penitenciaría de Patacamaya, situada a 100 kilómetros de la capital.

Dorado emitió su dictamen en la madrugada de ayer, luego de siete horas de deliberaciones, en una audiencia instalada anteanoche para juzgar inicialmente la imputación presentada por la Fiscalía contra tres mineros, pero que después fue ampliada a tres más. Mamani fue imputado en grado de autoría por asesinato, robo agravado, organización criminal, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado y por tenencia, porte o portación de ilícitos, indicó la acusación presentada por la Fiscalía. El asesinato se castiga en Bolivia con una pena de 30 años. Los demás mineros fueron acusados por los mismos delitos, pero en grado de complicidad, en el marco del Código de Procedimiento penal.

La imputación contra los trabajadores señala que Illanes fue asesinado a golpes el jueves pasado tras haber sido privado de su libertad por mineros cuando se dirigió al bloqueo de rutas en la localidad de Panduro, a 180 kilómetros de La Paz, junto a su escolta y un chofer, para mediar en el conflicto. “Los mineros secuestraron al viceministro para llevarlo a la comunidad de Belén, en el cerro Pucará, donde con alevosía, ensañamiento y premeditación le quitaron la vida a golpes”, señala un pronunciamiento de la Fiscalía difundido el sábado.

La autopsia que se le practicó a Illanes revela la presencia de lesiones en los centros nerviosos superiores, una lesión vascular y nerviosa, hemorragia subdural, edema cerebral, traumatismo craneoencefálico y politraumatismo facial, torácico, genital y de extremidades. Illanes fue torturado durante seis o siete horas antes de morir, según exámenes realizados a su cadáver. El funcionario había ido hasta uno de los puntos donde los manifestantes bloqueaban las rutas para negociar con ellos. Sus restos fueron sepultados ayer en el Cementerio General de La Paz.

En un comunicado, Naciones Unidas pidió a la Justicia boliviana que arbitre los medios necesarios para acelerar la investigación que permita esclarecer el asesinato de Illanes y lamentó la muerte de los manifestantes. El organismo internacional pidió también que se establezcan canales de diálogo entre los manifestantes y el gobierno para evitar otros hechos de violencia.