Las reacciones a la decisión del presidente Luiz Inácio Da Silva de prohibir los bingos en todo Brasil no se hizo esperar. La medida, que fue tomada en medio de un escándalo conocido como el “Waldogate” que sacude al gobierno, fue fustigada por las casas de juego que mueven millones de reales, arrastran innúmeras acusaciones y manejan un fuerte lobby. Por otra parte, Gtech, la empresa que discutía la renovación de un contrato para operar las Loterías de la banca estatal, confirmó que tuvo reuniones con Waldomiro Diniz, ex asesor del jefe de gabinete, José Dirceu, quien habría pedido un dinero extra por la renovación del contrato.
La Asociación Brasileña de Bingos denunció ayer que los bingos no tienen nada que ver con el escándalo que afecta el gobierno. Las denuncias sacaron a la luz el papel de la mafia del juego, sobre todo en el clandestino, en el financiamiento y la corrupción de los medios políticos brasileños. La decisión supone un giro de 180 grados en la política oficial para el sector debido a que, antes de que las denuncias de corrupción pusiesen al gobierno a la defensiva, Lula estaba estudiando la reglamentación y se había mostrado favorable a legalizarlos, para que fueran fuente de recursos de programas sociales. Lula anunció que serán ilegalizados hasta que el Congreso los regule definitivamente.
La prohibición se decretó una semana después de que fuera divulgado un video filmado durante la campaña electoral de 2002, en el que el hasta hace una semana subjefe de Asuntos Parlamentarios de la Presidencia, Waldomiro Diniz, pedía coimas a Carlos Augusto Ramos, alias Carlinho Cachoeira, supuesto capo del juego clandestino.
Según el presidente de la Asociación de Bingos, Olabo Salles, el decreto de Lula ayudará a fortalecer el juego clandestino. “Cachoeira está vinculado al mercado de las videoloterías, no a la actividad del bingo”, denunció la Asociación en una nota que mandaron a publicar en los principales diarios del país. Existen en Brasil cerca de 1000 bingos que generan 100.000 empleos directos, informa la Asociación. Según ésta, por falta de regulación, Brasil deja de recaudar cerca de 7 millones de dólares por mes.
Los cerca 1100 bingos registrados oficialmente en Brasil están en el limbo judicial debido a que, pese a que la ley que permitió su funcionamiento fue aprobada en 1993, la ley que los reglamenta aún no pasó por el Congreso. La mayoría de los bingos funciona amparada por sentencias judiciales o por reglamentaciones de los legislativos regionales. Lula reconoció que ordenó el cierre de los bingos motivado por las acusaciones de corrupción, ya que, recordó, el único legado que le dejó su madre fue la enseñanza de que “podía perderlo todo, menos el derecho a andar con la cabeza erguida, y de mirar a los semejantes directamente a los ojos”.