Por Eric Silver *
Desde Jerusalén

La fiscal Edna Arbel causó un revuelo político ayer al recomendar que se presenten cargos contra Ariel Sharon por aceptar cientos de miles de dólares de un millonario empresario de la construcción. El país podría hundirse en una prolongada crisis política y legal mientras se decide el futuro del premier israelí. Esto ocurre en el mismo momento en el que el nuevo líder del grupo militante palestino Hamas denunció al presidente George W. Bush como un “enemigo de los musulmanes”. Abdelaziz al Rantissi dijo que Sharon había “declarado la guerra contra Alá”, pero que “Alá declara la guerra contra Norteamérica, Bush y Sharon”.
La movida legal contra Sharon es posterior a la acusación del empresario, David Appel, también por sobornos. Se dice que habría pagado los sobornos encubiertos como “honorarios por consultoría” al hijo del primer ministro, Gilad. A cambio, se sospecha que Sharon intentó convencer al gobierno griego de aprobar un complejo turístico planeado por Appel en una inhabitada isla cercana a Atenas. El ex general también es acusado de utilizar su influencia para “rezonificar” tierras agrícolas cerca de la ciudad de Lod sobre las que quería construir Appel. La decisión final de procesar está en manos de Menachem Mazuz, el fiscal general, un cauteloso oficial de la ley de carrera que fue designado hace solamente dos meses. Se espera que revea la evidencia policial durante semanas y que consulte a expertos legales externos.
El doctor Barak Medina, un profesor de derecho constitucional de la Universidad Hebrea, comentó a este diario que “la acusación pareciera ser inevitable. Si se acusara a Sharon, sería el primer mandatario israelí que es procesado. El precedente más cercano fue en 1977 cuando Yitzhak Rabin, el premier laborista, se suspendió a sí mismo después de que su esposa fuera acusada de ofensa relacionada con el cambio de monedas extranjeras. Su partido perdió en la siguiente elección general”.
El pedido de acusar al líder de la Likud de 76 años causó una tormenta política. Aunque Sharon continúa manteniendo su inocencia, voceros de la oposición y también algunos ministros de su gabinete le pidieron al primer ministro que renunciara. Yosef Paritsky, el ministro nacional de Infraestructura, hizo un llamamiento a Sharon para que renuncie si es acusado. “Esperaría que diga que está listo para irse a casa y luchar desde allí para probar su inocencia”, dijo. Ophir Pines, un parlamentario laborista dijo: “Si hay una acusación, Sharon deberá renunciar de inmediato”. Yossi Beilin, un ex ministro de Justicia que ahora lidera el partido izquierdista Yahad, amenazó con masivas marchas si Sharon no renunciaba.
La recomendación de Arbel, que está llegando al final de su mandato y está nominada como candidata a la Corte Suprema, ocurre en un momento crucial del mandato de Sharon. A mediados de abril viajará a Washington bajo la sombra de una posible acusación. Se encuentra arrinconado entre su plan de evacuar la Franja de Gaza, para lo cual está intentando movilizar el apoyo del presidente Bush y el olvido político. Analistas israelíes sostienen que es el único líder que puede desafiar el lobby de los asentamientos y completar la retirada.
David Appel es acusado de pagarle a Gilad Sharon 700.000 dólares en concepto de honorarios por consultoría a fines de los ‘90, cuando su padre era canciller. Según el expediente de Appel, el objetivo real de contratar al hijo menor de Sharon, quien no tenía calificaciones especiales para el trabajo, era tener a su favor la influencia de su padre para que presionara a favor del proyecto de la isla griega. Appel dice que el primer ministro no estaba involucrado.
La policía también está investigando a Sharon y a sus dos hijos, Omri (un diputado de la Likud) y Gilad, por la sospecha de haber recibido casi 1 millón de dólares en fondos de campaña en 1999 provenientes del exterior, lo cual está prohibido bajo la ley israelí.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12. Traducción: Ximena Federman.