Por David Usborne *
Desde Nueva York

Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa de Estados Unidos, autorizó personalmente una relajación de las reglas bajo las cuales el personal militar debía extraer información de los detenidos en prisiones de Irak, montando la escena para el actual escándalo por abusos en el que está envuelta la Casa Blanca, según un informe del semanario New Yorker. El artículo, escrito por el reconocido periodista Seymour Hersh basándose en las entrevistas que realizó a anteriores y actuales oficiales de inteligencia bajo condición de anonimato, provocó el rechazo inmediato del Pentágono. Un vocero dijo que las declaraciones eran “refutables, conspiratorias y llenas de error y conjeturas anónimas”.
Sin embargo, la publicación del informe de esta mañana en todo el país reforzará las críticas que señalan que la responsabilidad por los abusos cometidos en la prisión Abu Ghraib cerca de Bagdad, ilustrados en las fotografías, no se reduce a los siete guardias militares que ahora se enfrentan a cortes marciales. Va más arriba en la cadena de comando, posiblemente hasta el mismo Donald Rumsfeld. El senador republicano John McCain sumó ayer su voz al pedido de una investigación que indague más allá de los soldados que recibieron cargos por los abusos. “Necesitamos llevar esto lo más arriba que nos lleve y rápido”, dijo al programa Meet the Press del canal NBC. Según describe el New Yorker, Rumsfeld, junto a su subsecretario de Defensa para Inteligencia, Stephen Cambone, decidió en el otoño pasado expandir un programa clandestino del Pentágono que en principio fue aplicado para capturar e interrogar a miembros de Al Qaida en Afganistán hacia los prisioneros iraquíes, en un intento de manejar mejor la situación de insurgencia post-Saddam Hussein.
“De acuerdo con las entrevistas con antiguos y presentes oficiales de inteligencia norteamericanos –escribió Hersh–, la operación del Pentágono, conocida dentro de la comunidad de inteligencia por varios códigos de palabras, incluyendo Copper Green, alentó la coerción física y la humillación sexual de los presos iraquíes en un intento de generar mayor inteligencia sobre la creciente insurgencia de Irak”. Hersh dijo que la Agencia Central de Inteligencia (la CIA) desaprobó fuertemente la extensión de las tácticas a Irak y rechazó formar parte de las mismas. “Dijeron: ‘De ninguna manera’”, según le dijo una fuente. “Aprobamos el programa central en Afganistán –previamente preaprobado para operaciones contra objetivos terroristas– y ahora quieren usarlo para taxistas, cuñados y gente sacada de las calles.”
Un portavoz del Pentágono, Lawrence Di Rita, insistió con que las acusaciones eran infundadas. “Ningún oficial responsable del Departamento de Defensa aprobó un programa que pudiera haber resultado en los abusos testimoniados por las recientes fotos y videos”, dijo. “La historia parece reflejar las febriles percepciones de aquellos con poca, si no ninguna, conexión con las actividades del Departamento de Defensa.” El tema de si los hechos de abuso fueron aberraciones o revelaron una aceptación sistemática de tales prácticas será el principal foco en los tribunales marciales de los siete soldados acusados, el primero de los cuales abre sus sesiones el miércoles. Se presume que los abogados defensores de los siete argumentarán que de hecho ellos obedecían órdenes de cómo tratar a los detenidos.
El artículo del New Yorker denuncia que entre los que aprobaron, o al menos eran conscientes del programa secreto para interrogatorios que fue dispuesto primero en Afganistán, se cuentan la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, y el mismo presidente George W. Bush. Pero pocas personas tenían conocimiento de lo que se trataba. “No vamos a interrogar a más gente que la necesaria dentro de nuestro corazón de las tinieblas era la actitud”, le dijo a Hersh una fuente. “Las reglas son: ‘Hagan lo que quieran’.”

* De The Independent, de Gran Bretaña. Especial para Página/12.