El gobierno colombiano y las FARC anunciaron su disposición de negociar un intercambio de secuestrados por rebeldes presos. Pero esto no significa que el camino esté allanado, ya que el gobierno rechazará el reclamo de una zona desmilitarizada. El 18 de agosto, el gobierno de Alvaro Uribe ofreció canjear a 50 guerrilleros presos por 22 políticos, 34 militares y policías y tres estadounidenses en poder de las FARC, con la condición de que los insurgentes se desmovilicen y no estén acusados de crímenes de guerra.
Una semana después de haber rechazado esta propuesta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aceptaron que el alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, sea el único interlocutor del gobierno para negociar el intercambio humanitario, pero reiteraron que el diálogo debe ser cara a cara en una zona desmilitarizada. Esa zona sin fuerza pública “es para que se sienten los voceros nuestros con los representantes del gobierno y, cara a cara, convengan los términos del acuerdo”, dijo el portavoz principal de las FARC, Raúl Reyes. Sin embargo, funcionarios gubernamentales señalaron que Uribe sólo considera la desmilitarización de territorios para avanzar en procesos de paz con grupos ilegales que suspendan las hostilidades. Reyes rechazó que el consenso sea discutido y concretado por Internet, como lo propuso la semana pasada Restrepo. Además, el líder guerrillero reiteró que las FARC no aceptan la condición gubernamental de que sólo serán excarcelados cincuenta rebeldes condenados o procesados por rebelión, como tampoco que ellos deban salir del país o ingresar en el programa oficial para desmovilizados de los grupos armados ilegales. Las FARC –la mayor y más antigua guerrilla del país, con cuatro décadas y 17 mil combatientes– insistieron en que deben ser excarcelados todos sus militantes para que “vuelvan a sus tareas dentro de la organización”. También critica al gobierno por negarle a la comandancia rebelde “la discrecionalidad para definir cuáles y cuántos son sus presos”.
Conocida la posición de las FARC, el ministro del Interior, Sabas Pretel, la calificó como “un buen avance” y añadió que el gobierno “está estudiando” la propuesta de la organización guerrillera. El gobierno de Uribe dijo que las gestiones contaban con Suiza como país facilitador y que la realización del eventual acuerdo recibiría el apoyo de Francia, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Iglesia Católica colombiana. Sin embargo, Reyes descartó la mediación propuesta por la Iglesia y Suiza ya que, dijo, “eso les corresponde solamente al gobierno colombiano y a las FARC”.
Los analistas políticos coinciden en señalar que se trata de un “juego político”. Las encuestas muestran un 63 por ciento de respaldo al pacto humanitario en momentos en que Uribe busca su reelección. A su vez, las FARC pretenden ser reconocidas como actor político, además de tener un interés militar concreto, ya que enfrentan una ofensiva muy grande que les sería más fácil si no tuvieran que cargar con sus secuestrados.