El último domingo, el pueblo uruguayo decidió en las urnas quién habrá de gobernarlo por los próximos cinco años. En un país que se destaca históricamente por su estabilidad institucional, la elección no debería pasar de ser un acontecimiento importante, pero rutinario.
Sin embargo, en esta oportunidad lo que ha resuelto la voluntad soberana de los orientales ha sido mucho más que un recambio periódico de los elencos gubernamentales; el domingo se ha producido un giro inédito en el régimen político vigente desde hace casi 170 años.
Una breve referencia histórica. Los partidos tradicionales del Uruguay ven la luz a mediados de la década del treinta del siglo XIX, al calor de la confrontación entre los seguidores del general Fructuoso Rivera, caudillo colorado vinculado al partido unitario argentino, y el brigadier general Manuel Oribe, quien fuera comandante en jefe del ejército de Rosas. Mientras el primero encarnaba el pensamiento del liberalismo europeísta que bullía en Montevideo, el segundo representaba al nacionalismo tradicional con fuerte predicamento en la campaña del interior.
Durante 170 años, el poder político del Uruguay fue controlado por ambos partidos históricos. Aunque formalmente el partido de gobierno fue el partido Colorado y el partido Blanco o Nacional sólo accedió al mismo en dos oportunidades; en los hechos, ambas colectividades compartieron espacios de poder y administraron desde su independencia el patrimonio común de los orientales.
El Frente Amplio –hoy Encuentro Progresista, Frente Amplio, Nueva Mayoría– nació a comienzos de la década de los ’70, liderado entonces por la mítica figura del general Líber Seregni. Formaron tras él tanto los partidos de izquierda como sectores del progresismo cristiano y desprendimientos de los dos partidos tradicionales. El golpe de Estado de 1973 encarceló por casi una década a Seregni y privilegió en su furia persecutoria a la dirigencia y militancia frenteamplista. Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, secuestrados y asesinados en Buenos Aires, dieron sangriento testimonio de la barbarie represiva, en clave de banda supranacional.
La expresión de la voluntad soberana de los orientales ha significado entonces mucho más que el relevo de una fuerza política por otra; se trata de una modificación sustancial del escenario político uruguayo. La izquierda, luego de más de tres décadas de insistencia, se hace democráticamente del poder; el partido Colorado es puesto en los límites de su representatividad y al partido Nacional le es asignado el rol de principal fuerza opositora.
¿Qué podemos esperar los argentinos de este nuevo escenario? Sobre la base de una relación fraternal que se hunde en las raíces de nuestra historia y nuestras identidades, de una relación única e irrepetible y que siempre estará más allá de los avatares políticos, hay dos cuestiones que son de particular interés de la política exterior argentina y en las que es previsible se fortalezca aún más la relación bilateral.
La primera tiene que ver con la trágica herencia de las dictaduras. El gobierno argentino ha hecho de la búsqueda de la verdad y la justicia una política de Estado. La desaparición en Uruguay de la ciudadana argentina María Claudia García Irureta Goyena de Gelman generó desinteligencias serias entre ambos gobiernos, al decidir el Ejecutivo uruguayo incluir el caso en la Ley de Caducidad, cerrando toda posibilidad de investigación judicial acerca del destino de los restos de la nuera de Juan Gelman. Tabaré Vázquez, si bien ha reafirmado la vigencia de esta ley de amnistía, se ha comprometido a dar cumplimiento a lo previsto en su artículo 4º, que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las investigaciones “destinadas al esclarecimiento de estos hechos”. Ojalá de las mismas surjan la verdad y la posibilidad de que los restos de María Claudia descansen en paz.
La segunda: el Frente ha definido al Mercosur como la plataforma “de inserción del Uruguay en el sistema internacional”. Esto permite prever coincidencias con otra de las políticas de Estado del gobierno argentino. Avanzar en la coordinación de políticas macroeconómicas, consensuar posiciones en política exterior y profundizar acuerdos y cooperación en cuestiones vinculadas con la defensa y la seguridad de la región son algunos de los caminos que abre el sólido compromiso frentista con el proceso integrador.
Vale entonces saludar con alegría la vocación democrática y la cultura cívica exhibidas una vez más por nuestros hermanos orientales y desear que la nueva etapa que se abre ratifique la vocación de hermandad y el compromiso común de luchar sin desmayos por la dignidad y el bienestar de nuestros dos pueblos.

* Embajador argentino en la República Oriental del Uruguay.