Por Manuel Delano*
Desde Santiago

El presidente Ricardo Lagos recibió ayer el informe sobre la práctica de la tortura y prisión política en la dictadura de Augusto Pinochet, elaborado por una comisión que presidió un obispo católico y que recogió los testimonios de 35 mil víctimas. En dos tomos, el informe abre las puertas del infierno y narra el horror que padecieron los chilenos detenidos en los 17 años de dictadura (1973-1990), expone sus secuelas, sostiene que la tortura fue una práctica masiva dirigida a causar terror en la población, que practicaron las fuerzas armadas, sus aparatos de seguridad y las policías, y propone medidas de reparación.
Lagos se reunió durante una hora y media en La Moneda con los ocho integrantes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y les pidió un tiempo “prudencial”, que se estima será de tres semanas, para reflexionar y entregar sus conclusiones. Los partidos, las organizaciones de las víctimas y sus parientes y el propio Lagos coincidieron en calificar como “histórico” el informe. Poco antes de recibir el documento, al manifestar su orgullo por esta investigación, que es inédita a nivel internacional, el jefe del Estado preguntó: “¿Cuántos países se han atrevido a mirar en profundidad su historia?, ¿cuántos países se han atrevido a llegar al fondo de lo que ocurrió?”. Al término de la reunión en el palacio de gobierno, el presidente de la comisión, obispo Sergio Valech, afirmó que “hemos trabajado en el ayer, encontrando un mundo que ya se había olvidado”. Otros miembros de la comisión agradecieron a las víctimas que voluntariamente dieron sus testimonios, en un trabajo que se extendió casi un año.
Entretanto, en las afueras de La Moneda, un centenar de manifestantes de organizaciones de derechos humanos se reunió junto al monumento al presidente Salvador Allende. “De hoy en adelante, quienes fuimos prisioneros políticos tenemos un reconocimiento social y oficial que había sido negado durante 31 años”, afirmó la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García. Aunque el gobierno quiere mantener en reserva el documento hasta que Lagos se pronuncie, algunos de sus contenidos ya son conocidos. En sus ocho capítulos, divide la represión en tres etapas: la que ocurrió en 1973, durante el golpe militar y los días siguientes; la que protoganizó la DINA entre 1974 y 1978 y la que prosiguió desde ese año hasta el final de la dictadura la CNI (Central Nacional de Informaciones). Los testimonios y el trabajo previo de documentación realizado por organismos de derechos humanos y por una comisión previa, que investigó en 1991 las ejecuciones y detenciones y desapariciones, permiten que en este informe se identifiquen más de mil recintos en los que se practicaron torturas, incluyendo estadios, regimientos, comisarías, buques, escuelas y cuarteles, algunos de ellos secretos, en todo el país.
La flagelación de los detenidos fue generalizada y abarcó a muchas más personas que las que entregaron su testimonio. Las víctimas tenían sus ojos vendados en la mayoría de las sesiones de tormentos. Las formas de torturas difirieron entre los aparatos represivos y constituyen una suerte de “enciclopedia del terror”. A los detenidos se les aplicó electricidad, sufrieron abusos sexuales, violaciones con animales, sodomía, golpizas, falsos fusilamientos, quemaduras con cigarrillos, inmersión en agua, en excrementos. Era habitual que los parientes de los detenidos fueran también torturados para forzar confesiones.
El informe se extiende en las secuelas psicológicas, laborales y económicas que tuvieron muchas de las víctimas y culmina proponiendo medidas de reparación. El ejército se anticipó a la entrega del informe, al admitir su comandante en jefe, general Juan Emilio Cheyre, la responsabilidad de su institución en las violaciones a los derechos humanos. En cambio, las otras ramas de las fuerzas armadas y carabineros no han realizado todavía un reconocimiento similar y, menos incluso, la derecha, que integró la dictadura.
El informe no revela los nombres de los torturadores. En organismos de derechos humanos estiman que más de 3600 personas se dedicaron a este “oficio” en la dictadura y demandan que se informe quiénes dirigían los recintos donde se practicaron flagelos.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.