“Las Fuerzas Armadas no son deliberantes”, advirtió ayer el presidente chileno Ricardo Lagos. El mandatario hablaba del rechazo de la Marina y de la Fuerza Aérea a la autocrítica del Ejército de la semana pasada y del informe recientemente finalizado sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet. “El gobierno no conversa esos temas con las FF.AA. Las FF.AA. son no deliberantes”, señaló Lagos. Mientras tanto, el debate se centra en si las responsabilidades por las torturas durante el régimen militar son institucionales o individuales. La hija del asesino millonario, Lucía Pinochet Hiriart, consideró “una barbarie sin justificación” la aplicación de torturas durante la dictadura que encabezó su padre en Chile. Pero, en su opinión, las responsabilidades por las torturas y vejaciones “son individuales. No creo, como dicen, que haya sido a nivel de gobierno, algo estructurado”.
Un informe que incluye los testimonios de 35.000 víctimas de la tortura durante la dictadura (1973-1990) fue entregado a Lagos el miércoles pasado, después de un año de trabajo de una comisión encabezada por el obispo católico Sergio Valech. El informe será el primer reconocimiento de un gobierno en Chile respecto de las víctimas de tortura, después de las reparaciones limitadas a familiares de detenidos desaparecidos, asesinados y exonerados políticos, ya otorgadas en el pasado. El Ejército hizo una autocrítica pública y admitió por primera vez, hace una semana, su responsabilidad como institución en esas prácticas que incluían abusos sexuales, aplicación de electricidad y otros métodos de tormentos a los prisioneros del régimen. Al referirse a la actitud de otras áreas castrenses, que no respaldaron el mea culpa del jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, el presidente señaló: “Hay que esperar”.
Aunque el informe se mantiene bajo reserva mientras Lagos lo estudia, la policía militarizada de Carabineros valoró “este esfuerzo” por conocer la verdad histórica, según declaró su director, el general Alberto Cienfuegos. En la Marina y la Fuerza Aérea, en cambio, hubo signos de incomodidad. El comandante en jefe de la Marina, almirante Miguel Angel Carvajal, no adhirió a la postura del Ejército ni comentó la responsabilidad de los oficiales de esa fuerza naval que estuvieron al mando durante la dictadura. “Por los 25.000 hombres que estoy mandando ahora pongo mis manos en el fuego que ninguno de ellos está comprometido en violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, no me parece justo hacer juicios apresurados sobre responsabilidades institucionales”, sostuvo Vergara. El jefe de la Fuerza Aérea, general Osvaldo Sarabia, recordó que miembros de esa rama han enfrentado procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos, como parte de sus responsabilidades individuales. “Pero no es toda la institución”, aclaró.
La responsabilidad institucional en la práctica sistemática de la tortura es uno de los argumentos que plantean las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los familiares de los más de 3000 muertos y desaparecidos que dejó la dictadura. Esas organizaciones criticaron el secreto que rodea el informe de la “Comisión Valech” y objetaron la demora de su entrega al público. “El presidente de Chile no manipula informes, no demora la entrega. Hago lo elemental: leo lo que se me ha entregado y después lo informaré al país”, declaró Lagos.
Lucía Pinochet Hiriart dijo, en referencia al informe: “Realmente me siento afectada, se llegó a una barbarie que no tiene justificación. Yo sabía que había detenidos, que había apremios, incluso durante el mismo gobierno de mi papá lo dije, pero lo que he oído en estos días no”, dijo. “Ojalá decir lo que sintieron les sirva de catarsis y dejen de sufrir”, señaló la hija del ex dictador. Acerca de si la divulgación del informe sobre torturas afectará a su padre, dijo que “él está mal de salud. Pienso que no se da mucha cuenta, los que más estamos sufriendo somos nosotros”, los familiares.