Página/12
en Gran Bretaña

Desde Londres

El 1º de enero llega con un regalo especial para ministerios, fuerzas policiales, ayuntamientos y demás reparticiones públicas del Reino Unido: la Ley de Libertad de Información. A más de cuatro años de su aprobación, la ley entra finalmente en vigor y promete una avalancha de reclamos del público para tener acceso a los documentos existentes sobre políticas oficiales a nivel nacional o local.
La ley autoriza a solicitar toda la información escrita de las reparticiones públicas y tiene un amplio alcance. Un británico que quiera saber cómo la policía investigó un robo podrá tener acceso a archivos, informes, memos, cartas, correos electrónicos, agendas y hasta diarios personales vinculados al caso. Si alguien está disconforme con la atención pública en un hospital, podrá leer toda la documentación interna de la institución. El accionar de los gobiernos quedará igualmente expuesto a la lupa de la ley. Un escándalo como el que precipitó la reciente renuncia del ex ministro del interior David Blunkett se acortará por un simple expediente: cualquiera podrá tener acceso a los documentos sobre presuntas irregularidades en la solicitud de visa para la “nany” de su ex amante.
La lista es considerable y promete sobrecargar el sistema en los primeros meses simplemente con la solicitud de información sobre episodios de décadas pasadas. La epidemia de Aftosa, la crisis de la “vaca loca”, la decisión de no liberar a Myra Hindley, uno de los casos más sonados de la criminología británica, son firmes candidatos a pedidos de informaciones. El hundimiento del “Belgrano” durante la guerra de Malvinas es otro hecho histórico que será seguramente reabierto para examinar un momento clave del conflicto con Argentina.
La sed de información es tal que muchos piensan que las reparticiones públicas no están preparadas para lo que se viene. Una abogada especialista en el tema, Tamzin Matthews, señaló al diario The Observer que el sistema corre peligro de parálisis. “Las nuevas reglas de juego establecen que cuando los pedidos de información cuesten menos de 450 libras (650 euros), deberán ser procesados gratis. Los organismos oficiales no tienen suficiente personal para responder a una demanda que supere cierto umbral”, señaló Matthews.
Una directora de un importante municipio londinense que habló con Página/12 a condición de mantener reserva sobre su identidad, señaló que teme mucho más a los miles de estudiantes que pedirán todo tipo de información para sus tesis universitarias que a los periodistas embarcados en una investigación seria. “Este tipo de demandas puede llegar a paralizar el trabajo cotidiano de un municipio. Lo peor es que no evitará una repetición de hechos como la invasión a Irak, porque la información de ese tipo a nivel ministerial seguirá siendo secreta por motivos de seguridad”, señaló.
En efecto, la Ley de Libertad de Información británica es mucho menos rigurosa que la vigente en Estados Unidos, que permitió revelar recientemente documentos sobre tortura en la Bahía de Guantánamo e Irak. En el Reino Unido la ley contempla excepciones en casos de información muy sensible o de revelaciones que puedan dañar las relaciones amistosas con aliados (Estados Unidos es el ejemplo evidente). Estas ambigüedades conceden un amplio paraguas defensivo para el gobierno, que podrá alegar “razones de seguridad” para negar acceso a cierta información aunque, obviamente, negativas de ese tipo tendrán un costo político.
A pesar de ello, en las reparticiones públicas hay indudable preocupación por el tema. El comisionado para la Transparencia de la Información está investigando denuncias de que en las últimas semanas se borraron sistemáticamente correos electrónicos y documentos escritos en diversos organismos gubernamentales. Más allá de los méritos de la ley y de la verdad de estas últimas denuncias, de una cosa no cabe duda: el 2005 llegará con trabajo adicional para los empleados públicos del Reino Unido.