Funcionarios del gobierno del presidente estadounidense George W. Bush estudian planes a largo plazo para mantener a los prisioneros sospechosos de terrorismo encerrados de por vida, sin proceso en Estados Unidos o en sus países de origen, indicó ayer The Washington Post. Según el diario, que cita fuentes diplomáticas, militares y del servicio de inteligencia, el Pentágono y la CIA pidieron a la Casa Blanca establecer un nuevo estatuto que les permita mantener detenidos a los sospechosos de terrorismo, que no quieren liberar ni entregar a tribunales norteamericanos ni de otros países. Influyentes líderes del Senado criticaron el plan.
El nuevo estatuto se aplicaría a centenares de personas actualmente bajo vigilancia militar o de la CIA contra las cuales el gobierno no dispone de pruebas suficientes para llevarlos ante la justicia. Además, la iniciativa contempla la transferencia de gran cantidad de detenidos afganos, sudaneses y yemenitas de la base naval de Guantánamo hacia prisiones construidas por Estados Unidos en sus respectivos países de origen. Esas prisiones estarían bajo el control de los respectivos gobiernos, pero el Departamento de Estado –artífice de la propuesta– vigilaría que se respeten los derechos humanos de los prisioneros, indicó la fuente gubernamental.
Fuentes militares señalaron al diario que, como parte de la propuesta, el Pentágono prevé la construcción de una prisión de 200 camas para los reclusos que están actualmente en Guantánamo y tienen pocas posibilidades de beneficiarse de un proceso por la falta de pruebas. Estos prisioneros, que ya no tienen más datos de inteligencia que aportar, ganarían así en “comodidades y libertades”. El Pentágono piensa solicitar al Congreso norteamericano 25 millones de dólares para la construcción de esta nueva prisión bautizada ya como Campo 6.
En un programa de la cadena de televisión Fox, el senador republicano Richard Lugar y el demócrata Carl Levin consideraron que el plan no sólo es una “mala idea” sino que podría incluso violar la Constitución de Estados Unidos. “Es una mala idea, así que debemos abandonarla y debemos examinar muy cuidadosamente su impacto constitucional”, dijo Lugar, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado ni el Pentágono han emitido comentarios sobre el supuesto plan. La medida, de ser aprobada, marcaría un endurecimiento de la política antiterrorista. “Hemos estado operando en el presente, porque es lo que ha sido requerido. Ahora podemos tomar un respiro. Tenemos la habilidad y la necesidad de buscar soluciones a largo plazo”, le dijo al The Washington Post una alta fuente del gobierno, tras reconocer que el sistema actual de detenciones arbitrarias ha causado roces entre Estados Unidos y otros países.
El Post señaló que uno de los mayores retos de la CIA ha sido encontrar “lugares seguros” en el extranjero, donde pueda detener e interrogar a prisioneros “sin el riesgo de que sean descubiertos y sin tener que darles acceso al proceso legal”. Poco se sabe de esas cárceles clandestinas, quiénes son los detenidos, las condiciones en que se encuentran o los procedimientos que se utilizan para determinar su futuro, lo que ha causado la repulsa de grupos de derechos humanos, líderes del Congreso y del propio gobierno de Bush, dijo el diario.