Por Carlos Noriega
Desde Lima

Un rebelde “etnocacerista” murió ayer durante un frustrado intento de las Fuerzas de Seguridad (FFSS) –compuestas por la policía y el ejército– de recuperar el puesto policial de Andahuaylas, una empobrecida ciudad de los Andes de unos 150 mil habitantes, tomado por asalto en la madrugada del primero de enero por el mayor retirado del ejército Antauro Humala y poco más de un centenar de reservistas. Esta muerte se suma a las de cuatro policías y un reservista “etnocacerista” ocurridas el domingo. El ataque militar contra la comisaría capturada por el grupo rebelde se produjo a las 2.30 de la tarde, dos horas y media después de vencido el plazo que el propio Humala había dado para rendirse y entregarse a las autoridades. Durante el ataque militar, los etnocaceristas capturaron a dos policías, que se sumaron a la decena que mantienen como rehenes desde la madrugada del sábado.
Antes del ataque militar, el gobierno concentró en Andahuaylas a 1200 policías y miembros del ejército, lo que hace que la proporción entre las FFSS y los rebeldes sea de diez a uno. Pero los humalistas, todos ellos entrenados en el propio ejército cuando fueron soldados, lograron mantener su posición y luego de más de media hora de un intenso intercambio de fuego el silencio retornó al centro de Andahuaylas. El alto al fuego permitió que se reanudara el diálogo que se había roto en las primeras horas del lunes. En un último intento por lograr una salida negociada, Rosa María Pasos, representante de la Defensoría del Pueblo en Andahuaylas, ingresó a la comisaría donde los etnocaceristas están atrincherados para conversar con Humala y negociar su rendición. Al cierre de esta edición no se había llegado a ningún acuerdo.
Poco antes del ataque, Humala liberó a uno de los policías que mantenía como rehenes y que sus familiares daban por muerto. Humala se dio un baño de popularidad y a la vez ofreció una demostración del apoyo que tiene entre la empobrecida población indígena de Andahuaylas, cuando abandonó la comisaría y recorrió por varios minutos las calles del centro de la ciudad llevado en andas por sus partidarios y rodeado de banderas blancas y del Tahuantinsuyo, hasta que finalmente retornó al puesto policial. Poco después de ese recorrido se produciría el ataque. El gobierno decretó el toque de queda en Andahuaylas entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, lo que hace esperar un posible ataque militar durante la noche. De esta manera, el gobierno despejó la zona de simpatizantes de Humala y evita testigos de lo que pueda ocurrir durante un próximo ataque militar.
En la mañana de ayer, Antauro Humala dio marcha atrás en su anuncio del día anterior de deponer las armas y entregarse al mediodía. “El gobierno sigue movilizando sus tropas para cercarnos cuando se había acordado que eso no se hiciera, y también está colocando francotiradores en los techos, así ¿cómo quieren que desarme a mis tropas?”, señaló Humala al anunciar que la prometida rendición quedaba sin efecto.
El gobierno responsabilizó en un comunicado a Humala “por lo que pueda ocurrir a partir del mediodía (del lunes)” y conminó a la población a alejarse de la comisaría ante la inminencia de un operativo para retomar el control del puesto policial. Más de un millar de pobladores se encontraban a esa hora concentrados en respaldo a Humala y a sus tropas, en los alrededores del puesto policial capturado. “Que no se rindan (los humalistas), nosotros los apoyamos porque nos morimos de hambre y ésta es la única forma de cambiar las cosas,” gritó a las cámaras de televisión una señora desdentada y vestida con la típica ropa de los Andes peruanos.
Desde Seúl, Ollanta Humala, líder del Movimiento Etnocacerista, puso distancia de su hermano Antauro señalando que “ya es hora que esto termine”. “No debe haber más costo de vidas. Mi hermano debe asumir suresponsabilidad por las muertes ocurridas, pero el gobierno también debe asumir la suya”, señaló Ollanta Humala, quien hasta el 31 de diciembre fue agregado militar en Seúl y luego fue pasado al retiro por el gobierno de Toledo, cuya renuncia exigen los rebeldes.
El general José Williams, jefe del Estado Mayor del ejército, a cargo de las operaciones en Andahuaylas, ganó la fama cuando en 1997 dirigió el asalto a la residencia del embajador de Japón en Lima, poniendo fin a cuatro meses de ocupación por parte del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y liberando a 72 rehenes. En esa operación murieron dos militares, un rehén y los 14 emerretistas. Aunque el operativo “Chavín de Huántar” ha sido calificado como “un gran éxito” por la clase política, existen denuncias de que varios de los emerretistas fueron ejecutados luego de rendirse.