El gobierno del Frente Amplio, que asumirá el 1° de marzo en Uruguay, contará con una Secretaría de Derechos Humanos que dependerá de la Presidencia, para investigar el destino de los desaparecidos. El designado subsecretario de Defensa Nacional, José Bayardi, confirmó la información al señalar que se puede seguir recopilando datos para reconstruir lo que ocurrió con los desaparecidos y se mostró partidario de que se hagan públicos los nombres de los implicados en las violaciones a los derechos humanos.
Azucena Berruti, quien será ministro de Defensa en el gobierno izquierdista, dijo a comienzos de diciembre que se intentará “llegar al mayor resultado posible de verdad y justicia, que es lo que se ha estado reclamando”, por parte de víctimas y familiares de desaparecidos.
El artículo 4 de la Ley de Caducidad, refrendada en 1999, que amnistió de hecho las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, exige sin embargo la búsqueda de los desaparecidos. La Comisión para la Paz, convocada por el presidente saliente Jorge Batlle, concluyó que los desaparecidos fueron asesinados por las fuerzas represivas, muchas veces a través de torturas. El informe señaló que 26 desaparecidos fueron asesinados en Uruguay. En total, la Comisión recibió 38 denuncias de desapariciones en Uruguay, 182 de uruguayos desaparecidos en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y uno en Brasil.