[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Clodovaldo Hernández*
Desde Caracas

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dictó un decreto para entregar a campesinos pobres las tierras productivas que hoy se encuentran sin cultivar, poseídas por latifundistas. Chávez firmó esta normativa durante el primer acto de masas de 2005, realizado en Caracas para conmemorar un aniversario de la muerte del general Ezequiel Zamora, pionero venezolano de las luchas de los campesinos.
“¡La guerra contra el latifundio es esencia de la revolución bolivariana!”, declaró el presidente Chávez entre aplausos de los campesinos. “Hay que poner orden a la propiedad de la tierra, tierra para los campesinos, para el que la trabaje.” Una comisión agraria integrada por altos funcionarios del Estado revisará la situación de las tierras y llevará a cabo el reparto de las “tierras ociosas”. El decreto procura unificar las legislaciones que durante los últimos días de 2004 pusieron en vigencia varios gobernadores con la finalidad de ejecutar la reforma agraria en sus respectivas regiones.
El primero en actuar fue el gobernador del Estado de Cojedes, Johnny Yánez Rangel, del partido oficial Movimiento Quinta República (MVR), quien además ha comenzado ya a aplicar sus disposiciones, al intervenir el sábado una de las haciendas más grandes de esta región, enclavada en los llanos centrales venezolanos. La acción, llevada a cabo en el hato El Charcote, provocó una gran expectativa porque se trata de un enclave de producción ganadera dirigido por una empresa de capital británico. El gobierno de Cojedes alega que una parte significativa del hato no es propiedad de la empresa, pues se trata de terrenos que pertenecen al Estado. La situación irregular planteada en esta hacienda no es inusual. Un porcentaje alto, aunque no precisado, de grandes haciendas es total o parcialmente propiedad del Estado. Otras, que sí son propiedad legal de particulares, permanecen sin actividad productiva y, por tanto, son también susceptibles de ser “afectadas”, es decir, que sus dueños pueden ser conminados a vender o, en caso de oponerse, ser sometidos a un juicio de expropiación.
Tanto los decretos de los gobiernos regionales como la normativa global dictada por Chávez se basan en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aprobada en 2001 y que generó constantes protestas del empresariado venezolano. La aplicación del texto jurídico se había visto paralizada por los problemas políticos que mantuvieron al gobierno ocupado en su propia supervivencia, entre 2001 y 2004. Ahora las reacciones han sido mucho más moderadas, entre otras causas porque la oposición política se encuentra prácticamente postrada, tras sus derrotas en las urnas. Sin embargo, la poderosa Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) se declaró en emergencia ante la ofensiva gubernamental.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.