España abre hoy el intrincado camino de la ratificación de la Constitución Europea mediante un referéndum cuyos resultados apuntan a variar de un país a otro. De aquí al invierno de 2006, el texto de la Constitución debe ser aprobado por los 25 países de la Unión según dos opciones distintas, sea por los Parlamentos, como ya ocurrió en Hungría, Letonia y Eslovenia, sea con un referéndum similar al de España. Los electores españoles deben responder a una pregunta simple: “¿Aprueba usted el Tratado instaurando una Constitución para Europa?”. Si en España el resultado del referéndum se presenta con un amplio abanico a favor de la aprobación del Tratado, en Francia, República Checa y Gran Bretaña las urnas son más ambivalentes.
Los europeos deben aprobar los criterios establecidos el 18 junio de 2004 en Bruselas. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión adoptaron un proyecto de Constitución concebido principalmente para transformar las estructuras de la UE de cara a la ampliación del grupo, que pasó a contar con 25 miembros, y evitar así la parálisis de las instituciones. Luego se elaboró la Constitución en sí misma, cuya meta principal consistió en dinamizar la Unión de los Estados, esbozar las grandes líneas de un proyecto de sociedad y darle a Europa una gravitación más predominante en la escena internacional. Los debates estuvieron marcados por el nivel de decisión que se le otorga a cada Estado miembro según su importancia, por las opciones democráticas que se les ofrecen a los ciudadanos y, en un plano menos burocrático, por la misma filosofía de la Constitución. La Constitución consagra “los valores” y “fija los objetivos” de la Unión, la cual está “fundada sobre los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre los hombres y las mujeres”.
Los españoles, eurofanáticos desde que adhirieron a la Unión Europea en 1986, aprueban el Tratado de la Constitución en porcentajes que superan el 70 por ciento y el único misterio que rodea la consulta atañe a la tasa de participación, auténtico termómetro del eurointerés de los electores. El ingreso de España en el círculo de la Unión fue muy beneficioso para el país. Madrid conoció un formidable impulso modernizador en gran parte gracias a los fondos europeos que le aportaron más de 130 mil millones de dólares a su economía. El Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y los conservadores del Partido Popular llamaron a votar por el “sí”. Los partidos nacionalistas moderados, los vascos del PNV y los catalanes de CiU también se inclinaron por esa opción, mientras que la coalición verdecomunista-Izquierda Unida, los independentistas republicanos de Cataluña, ERC, los radicales independentistas vascos de Batasuna y los nacionalistas gallegos, BNG, se pronunciaron por el “no”. A su vez, los comunistas denuncian un texto que, según ellos, consagra una Europa “anti-social, militarista, poco democrática y neoliberal”.
Hasta ahora, sólo Gran Bretaña se presenta con una mayoría de partidarios del “no”. Los últimos sondeos de opinión ubican el “no” a la cabeza y ello explica que el premier Tony Blair haya aplazado la realización del referéndum hacia finales del proceso de ratificación, es decir el año que viene. La oposición conservadora encuentra mucho eco en la opinión pública cuando alega que la Constitución borrará a Inglaterra del mapa y “abrirá las puertas hacia un país llamado Europa”. Sin embargo, la consulta británica está ligada a lo que ocurra en Francia, donde el referéndum se llevará a cabo en el mes de junio de este año. Por ahora, al cabo de un debate interno que sacudió a todas las formaciones políticas, lospartidarios franceses del “sí” son mayoritarios en casi 60 por ciento. Aunque el margen parezca cómodo, nadie olvida en Francia lo ocurrido en 1992, durante la ratificación del Tratado de Maastricht de la Unión Europea. En ese entonces, la aprobación parecía mayoritaria pero, al final, la victoria se plasmó por escaso porcentaje. Los sectores que se oponen a la ratificación ganan simpatías cada mes. Un segmento compacto y militante de la izquierda critica el texto por su carácter extremadamente liberal, mientras que los “soberanistas” y la extrema derecha hacen campaña contra el mismo e incluyen como argumento el ingreso de Turquía a la UE.
El proceso que inician los españoles hoy es complejo y sus variantes en cada país tornan impredecible el resultado final. El impacto del rechazo o la afirmación depende de qué país acepte o refute y el momento en que intervenga la respuesta. Desde el punto de vista jurídico, el Tratado sólo puede entrar en vigor luego de que sea ratificado por unanimidad. Sin embargo, los diplomáticos europeos admiten que “uno o varios no” dejan, con todo, intacta la ratificación. Los factores que determinan la validez del proceso son cuatro: la antigüedad del país dentro de la UE, si es o no miembro de la zona euro (la moneda común europea), el peso demográfico y económico del país y la fecha del voto. Francia es uno de los miembros fundadores más importantes de la Unión. Si los franceses rechazan el tratado, las consecuencias serían importantes en el resto del Viejo Continente, al igual que un “no” de Holanda, otro de los pilares. En cambio, si uno de los países de Europa del Este que acaban de integrarse a la UE, República Checa por ejemplo, rechaza la adopción de la Constitución al final del período de ratificación, el impacto es mucho menor. Está en manos de los 450 millones de europeos aceptar sin polémicas una Constitución cuyos partidarios elogian sus ambiciones y sus adversarios el corte neoliberal de las mismas.