“Esto recién empieza”, sentenció el presidente de Paraguay. En una histórica purga de la policía, el presidente paraguayo Nicanor Duarte Frutos ayer destituyó al ministro del Interior, Nelson Mora, y relevó a más de 55 jefes policiales, en el marco de la investigación por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas. El asesinato de la empresaria desató una profunda crisis gubernamental y en las fuerzas de seguridad por las sospechas de involucramiento policial y provocó la decisión presidencial.
“Las medidas que estamos tomando serán para bien de la institución policial y de la nación”, dijo Duarte a la prensa en el Palacio de Gobierno, al presentar a su nuevo ministro, Rogelio Benítez, actual intendente de la ciudad de Encarnación (sur del país). Benítez, un abogado de 40 años y sobrino de una empresaria que permanece desaparecida tras ser secuestrada en agosto del 2003, es el cuarto ministro del Interior en 18 meses de administración de Duarte Frutos y reemplazará a Nelson Mora, quien fue duramente criticado por la oposición por su postura “débil” ante la “evidente corrupción fiscal y policial”. El flamante ministro es un hombre muy cercano al presidente que se destacó por la implementación de un sistema de seguridad con cámaras en la ciudad de Encarnación. También fueron destituidos los jefes de los grupos de elite de Antisecuestro, Orden y Seguridad, Investigación de Delitos e Inteligencia, además de decenas de titulares de direcciones y zonas policiales. Bajo el mandato de menos de dos años de Duarte Frutos ya fueron cesanteados más 100 policías, en un intento por dar trasparencia al funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Sorprendentemente, el comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Zelaya, por ahora se salvó de la purga, aunque fuentes gubernamentales no descartaron su eventual dimisión.
El detonante de la medida fue el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas y se conoció un día después de que la familia Cubas denunciara irregularidades en la investigación del secuestro y de la muerte de Cecilia y que pidiera el relevamiento del ministro Mora. El ex ministro Mora y el fiscal general Oscar Latorre, responsables de la investigación del secuestro de Cubas, se enfrentaron públicamente por el caso. Mora afirmó que se trató de un secuestro extorsivo con fines políticos. Esta hipótesis apunta hacia la participación de militantes de un grupo de izquier-
da, pertenecientes al partido marxista Patria Libre, con la colaboración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Sin embargo, la historia oficial de la participación de las FARC fue desestimada por varios analistas paraguayos.
“La investigación del caso Cecilia estuvo cargada de inconductas, de informalidades de mucha gente, y se filtraron informaciones que manteníamos reservadas”, aseguró el fiscal general del Estado Oscar Latorre, cuya dimisión también fue reclamada por dirigentes de la oposición. En tanto, el fiscal Arnaldo Giuzzio, uno de los titulares de la investigación, había denunciado que le “escondieron información vital”. Se atribuye a cuadros de la policía haber “sacado tajada” del rescate de Cecilia Cubas. El hallazgo del cuerpo sin vida de Cubas puso en evidencia que la policía conocía desde hacía varios meses el lugar de cautiverio de la mujer pero que la información fue ocultada.
La conjetura oficial sobre la participación de las FARC fue respaldada ayer por el presidente colombiano, Alvaro Uribe, que acusó al jefe guerrillero Rodrigo Granda de planear el secuestro. Uribe afirmó que Granda, considerado el “canciller” de las FARC, fue el “urdidor” del secuestro de Cubas, de 31 años, ocurrido el 21 de septiembre. El guerrillero fue arrestado a mediados de diciembre pasado en Caracas, según las autoridades venezolanas, mientras que las colombianas aseguran que la detención fue en su territorio, lo que generó una crisis diplomática entre ambos países.
Dos de los imputados que se hallan presos, los hermanos Osmar y José Martínez, pertenecientes al partido Patria Libre, se declararon inocentes y señalaron que ellos apenas mantienen relaciones “fraternas” con las FARC como cualquier otra agrupación de izquierdas. En un escrito distribuido el martes, las FARC negaron vínculo alguno con el secuestro si bien señalaron que “no debe extrañar” que se encuentren materiales de la organización en el exterior. Por su parte, el canciller de las FARC dijo que tiene pruebas para demostrar su inocencia en la planificación del secuestro y posterior asesinato de Cubas, confirmó su abogado defensor. Miguel González, el apoderado del líder rebelde, aseguró que parte de esas pruebas procesales están contenidas en un documento que le fue confiscado “ilegalmente” por la guardia carcelaria (Inpec) de la prisión de máxima seguridad donde se encuentra recluido su defendido.