Bajo la hipótesis de que los disturbios en Bolivia devinieran en la interrupción del suministro de gas desde ese país, es muy factible que la Argentina suspenda la exportación de ese carburante a Chile. Si la situación persistiera a mediano plazo, el nuevo gasoducto del NEA que planeaba construir Techint para succionar más combustible desde el subsuelo del Altiplano debería ser reemplazado por otras alternativas, quizá más costosas y complejas, como la de importar por vía marítima el gas natural licuado desde lejanos destinos como Arabia Saudita o Indonesia. También Brasil tendría que revisar su actual ecuación energética, que en parte hoy se apoya en el gas que le compra a aquella nación.
Después de Venezuela, Bolivia tiene la cuenca gasífera más importante de Sudamérica. Una riqueza muy superior a su demanda interna, que los bolivianos necesitan sí o sí realizar a través de sus exportaciones. Lo que hoy desgarra a ese país es, justamente, definir en qué condiciones se hace esa operación y quién aprovecha un negocio cuyos protagonistas son las petroleras ubicadas en distintos lugares de la frontera: Repsol (Andina de Bolivia), la brasileña Petrobras y la francesa Total.
La Argentina hoy le compra cerca de 4 millones de metros cúbicos por día a un valor que promedia 1,35 dólar el millón de BTU, precio superior al que se les paga a las productoras que operan localmente, pero inferior al que los bolivianos le cobran a Brasil. La pretensión expresada por los funcionarios del hasta ahora renunciado Carlos Mesa era subir aquel precio a 2 dólares, lo que dio lugar a una discusión con la Argentina que debería clausurarse por escrito antes del invierno, cuando la demanda local aumenta.
Pero cuando se termine el gasoducto del NEA, que ni siquiera empezó a licitarse, la importación desde Bolivia debería subir a 20 millones de metros cúbicos diarios para atender la necesidad que, se estima, la Argentina tendrá dentro tres años. Si esa provisión no está garantizada, o si no está claro a qué precio se puede comprar el producto –algo que no sólo depende de la negociación binacional sino de la ley de Hidrocarburos que debe sancionar el Parlamento boliviano–, tampoco tendría sentido embarcarse en una obra cotizada en 1200 millones de dólares. En tal caso, la Argentina quizá tendría que pensar en que sus usinas térmicas funcionarán con fuel oil, bastante más caro.
Chile ya está tomando medidas para hacer esa adaptación en sus generadoras, temeroso de que la Argentina vuelva a restringirle el suministro de gas como hizo el año pasado. Días atrás, un espontáneo ministro de Planificación declaró que, ante un eventual faltante, el recurso más a mano que tiene la Argentina es volver a recortar sus exportaciones al país trasandino, lo que dio lugar a un pedido de explicaciones por la vía diplomática. Julio De Vido no dijo otra cosa que la verdad, también válida para el caso en que el país se viera privado del gas boliviano.
La cuestión es todavía más compleja a mediano plazo y desnuda el singular perfil energético de la región. Según recuerda el especialista Jorge Lapeña, a principios de los años ’90 la Argentina tenía reservas para treinta y cinco años, mientras que hoy no tiene más que para doce o trece. Si no se invierte en exploración, y si ésta no es exitosa, el país pasará de ser exportador a importador neto.
La Argentina compra, pero también vende gas, y por eso integra junto a Bolivia el bloque exportador. Uruguay, Chile y todavía Brasil importan. Pero si siguen sus exploraciones exitosas, la nación gobernada por Lula puede cambiar rápido de status, alcanzando el autoabastecimiento. Sólo que por ahora le es más caro producir su propio gas que traerlo desde Bolivia, siempre a través de una firma de su bandera como Petrobras.