Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

En medio de algunos focos de conflicto localizados, Bolivia se encamina a discutir hoy en el Parlamento –en una sesión que se anuncia peleada– el artículo de la ley de hidrocarburos que definirá el régimen de regalías al que deberán atenerse las empresas petroleras afincadas en el país. Tanto el presidente Mesa como el líder opositor, Evo Morales, se mantienen en sus posiciones. “18 más 32 son cincuenta”, repite la propaganda oficial. “El 50 por ciento es innegociable”, dice el líder cocalero ante cada consulta periodística. Uno y otro sostienen su posición en los resultados del referéndum del 18 de julio pasado, cuando se les preguntó a los bolivianos si apoyaban un aumento de “regalías y/o impuestos hasta llegar al 50 por ciento”. Hoy es la ambigüedad del “y/o” el eje de una controversia que ya ha provocado la “renuncia a medias” de Mesa y su ratificación en el cargo por el Congreso.
Carlos Mesa –que hasta ahora se jactaba de “gobernar sin partidos”– se reunió con el ex presidente Jaime Paz Zamora, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (centroderecha), y Manfred Reyes Villa, de Nueva Fuerza Republicana, para aunar posiciones frente a la sesión parlamentaria de hoy. Anteriormente, el mandatario rechazó su participación en la cumbre del gas convocada por la Defensoría del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos en Cochabamba, lo que desató una lluvia de críticas, incluso entre los parlamentarios transversales que apoyan al Ejecutivo. “La cumbre no es el espacio adecuado para tratar el tema de los hidrocarburos”, sintetizó un vocero oficial. “El presidente demuestra que no considera interlocutores válidos a las organizaciones sociales”, respondió el diputado del MAS Antonio Peredo, sumándose a decenas de oyentes que llamaban a las radios reclamando la presencia del mandatario en la reunión.
Mesa cerró así la puerta a la negociación con los movimientos sociales –luego del fracaso del diálogo con Evo Morales– para sentarse a hablar con los ex aliados de la “megacoalición” de Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin embargo, Paz Zamora no garantizó el voto de su partido a la moción gubernamental, aunque apoyó la opción 18 más 32
(18 % de regalías y crear impuestos que progresivamente sumados alcancen el 50 % de las ganancias), y Reyes Villa sostuvo, al finalizar el encuentro, que “queremos la mitad de la torta más allá del mecanismo, el 32 por ciento no puede ser deducible por ningún concepto; sólo si la redacción de la norma asegura eso votaremos afirmativamente”.
Entretanto, a la cumbre social de Cochabamba le faltaron varias patas: el gobierno, los parlamentarios, la Iglesia y los empresarios privados fueron los grandes ausentes. Se sentaron a la mesa en el Colegio Don Bosco Evo Morales, Jaime Solares, Alejo Veliz y otros dirigentes vecinales, cívicos, campesinos que reafirmaron su posición de conseguir el 50 por ciento de regalías para el Estado boliviano. “Ni uno solo defendió el proyecto del gobierno”, resumió el diputado del MAS Jorge Alvarado. “Todos defendieron el 50 por ciento, incluso algunos tomaron posiciones más radicales, como la nacionalización”, agregó el legislador. Uno de los “radicales” fue Solares, quien sostuvo que “si nos van a hacer juicios internacionales, entonces deberíamos demandar la nacionalización”.
Mientras continúan los bloqueos en la región cocalera del Chapare, el Ministerio de Defensa anunció que las Fuerzas Armadas se encuentran a disposición del Presidente para un eventual desbloqueo de caminos y, a lo largo de la jornada de ayer, se repitió reiteradamente la posibilidad de estado de sitio en Cochabamba. “Por ahora sólo han dado vueltas algunos helicópteros, esperamos que el presidente cumpla con su palabra en el sentido de que no haya muertos ni heridos”, le dijo a Página/12, desde el lugar de los bloqueos, la dirigente cocalera Leonilda Zurita.
Por su parte, Felipe Quispe anunció el bloqueo campesino de caminos a partir de hoy, en el marco del llamado de la COB, al que se sumarían otros sectores sociales y cuyo éxito está atado, en gran medida, a la resolución que tome el transporte público, embarcado en un conflicto propio con el gobierno por el aumento del boleto, cuyo epicentro es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.