Por Pilar Lozano *
Desde San José de Apartadó

Un pueblo semivacío de casas con candado encontraron 40 policías cívicos cuando llegaron, a comienzos de este mes, a San José de Apartadó, un caserío en la región bananera de Urabá, al noroeste de Colombia. La mayoría de sus habitantes se mudaron a San Josesito, un nuevo asentamiento que se construye con madera, zinc y plástico y que se ubica 15 minutos carretera abajo, sin asfaltar, que los une con Apartadó. Allí piensan continuar con su proyecto de “Comunidad de Paz”, o “resistencia”, como prefieren llamarlo ahora.
Desplazarse hacia el nuevo pueblo era una decisión pensada desde hace meses, cuando el gobierno, con el argumento de que no puede haber territorio vedado a la presencia de la fuerza pública, plantó un puesto de policía en esta población que se declaró neutral en 1997 y que juró no aceptar ni apoyar con información a ningún actor armado, llámense fuerzas armadas, paramilitares o guerrilla. Para los campesinos, la presencia de los uniformados supone situarlos en el punto de mira de la guerrilla, que se disputa con los paramilitares esta rica región. No niegan que por los caminos pasan miembros de todas las organizaciones armadas. “Los caminos son libres; lo que queremos es que no entren en los caseríos y nos dejen trabajar”, aseguran.
Además, para los lugareños no hay diferencia entre fuerza pública y paramilitares: “Actúan revueltos”. Una idea que expresan viejos y jóvenes: “¿Para qué voy a negar que siento mucho miedo a esa gente? ¡No quiero verlos!”, dijo a este diario una mujer de 76 años, en medio de un camino. “¡Nos han aporreado tanto! Hemos vivido cosas incomparables.”
Desde varios sectores se había pedido al gobierno que al menos aplazara su decisión hasta aclarar la masacre de dos líderes de la comunidad y sus familias, entre ellos niños de 11, 6 y 1 año, ocurrida el pasado 21 de febrero. Los mataron de manera salvaje, con machete y garrote, en la más apartada zona rural de esta población, en lo alto de la serranía de Abibe, un emplazamiento estratégico para los grupos armados. Para la comunidad no hay duda: los mató el ejército. El ejército culpa a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Y atribuyen a Luis Eduardo Guerra, una de las víctimas, que a sus 35 años era líder histórico de esta comunidad y querido por todos, haber sido miliciano de las FARC, la guerrilla más antigua y poderosa del país. Los testimonios de las personas que fueron en busca de los cadáveres –entre ellos un reconocido fotógrafo y miembros de ONG internacionales– evocan serias dudas sobre la actuación del ejército. Cuentan que encontraron a los campesinos atemorizados, intimidados por un operativo militar que llevaba varios días. Una mujer contó que a su casa llegaron los soldados en compañía de Melaza, un paramilitar. El ejército niega esta versión. Asegura que la tropa sólo llegó dos días después de la masacre.
Lidia, quien perdió a su hija y dos nietos –uno apenas empezaba a caminar–, no acusa a nadie: “Me da miedo; Dios sabe quién fue, y un día se sabrá”, comentó. Su dolor es tanto que cuando habla del tema se quiebra su cintura y busca apoyo en una silla mientras las lágrimas reemplazan a las palabras. “Y esos niños... No alcanzaron a ser conscientes ni de que existían”, agrega.
Desde el otro bando, la desconfianza y los señalamientos hacia este grupo de campesinos, organizados y regidos por un consejo interno de ocho personas, es también gigante. “Algunos de los líderes, patrocinadores o defensores” de la comunidad están “seriamente acusados” de auxiliar a las FARC, dijo el 20 de marzo el presidente colombiano, Alvaro Uribe. El año pasado dijo que esa zona constituía un “corredor de las FARC”. Dos labriegos detenidos en marzo de 2004, y puestos pronto en libertad –entre otras razones por la presión de la comunidad–, y que reconocieron luego ser guerrilleros, son hoy, una vez reinsertados, los testigos más relevantes del ejército. Ambos aseguran que la población es manipulada por las FARC.
Lo que no admite duda es que la lista de muertos de esta “Comunidad de Paz” suma más de 130 víctimas. “Venimos sufriendo hace mucho tiempo” es una frase repetida. Desplazamientos, quema de casas, bloqueos, retenes, miedo a bajar a Apartadó –en esta localidad los lugareños de San José son señalados como guerrilleros, y en San José ven a los habitantes de Apartadó como cómplices de los paramilitares– han sido cotidianos para estos campesinos empeñados en no olvidar.
Un monumento hecho en piedra y cemento tiene escritos los nombres de todos sus muertos, 20 de ellos por las FARC. El resto, dicen, lo fueron por la alianza entre el ejército y los paramilitares. Hace exactamente un mes llevaron en procesión ocho piedras con los nombres de las últimas víctimas al nuevo asentamiento. Un acto lleno de símbolos: allí, en un territorio donde tienen cultivos comunitarios de cacao y plátano, van a seguir construyendo la memoria, para que no caiga en el olvido lo que los habitantes de San José califican de “exterminio” por parte del Estado.
“Una forma de empezar a arreglar las cosas es que se condene a todos los responsables de las muertes, a los militares y los financiadores de los paramilitares”, dice un líder de la comunidad. Para los pobladores, la desmovilización del bloque bananero –señalado como el mayor culpable de los atropellos contra ellos y mostrado como un éxito por el gobierno– es una “farsa”. La mayoría de los paras están libres, cobijados por el proyecto de reinserción que les ofrece el gobierno. “Para los victimarios hay premios. Para nosotros, las víctimas, ¿qué?”, comentan con rabia.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.