El alcalde izquierdista de ciudad de México, Andrés López Obrador, acusado de desacato, pero sin ser sometido aún a juicio, aprovechó el vacío legal para volver ayer a su puesto, una maniobra que el gobierno federal de Vicente Fox tildó de “provocación”. “Vamos a atender lo inmediato, tenemos que trabajar por la ciudad”, declaró al reanudar sus funciones López Obrador, favorito en los sondeos para las presidenciales de 2006.
La Cámara de Diputados le retiró el fuero al alcalde capitalino y decidió separarlo inmediatamente de su cargo el 7 de abril, para que eventualmente, pueda ser procesado por desacato. Sin embargo, el viernes un juez federal rechazó el expediente presentado por la Procuraduría general que pedía una orden de presentación para López Obrador. La confusión se produce debido a que la Constitución mexicana dice que un funcionario pierde su cargo “en tanto esté sujeto a proceso penal”, pero el caso de López Obrador todavía no está en manos de un juez. El político aprovechó el vacío legal y retornó a su cargo, del que se había ausentado desde hace 18 días.
El alcalde, que consiguió convocar a centenares de miles de mexicanos el domingo en una marcha de apoyo, dijo no temer las consecuencias de su decisión. “No nos adelantemos”, se limitó a decir, tras pedir que “se piense con sensatez” y se resuelva su caso de la “mejor forma posible” en el marco de la ley. López Obrador salió fortalecido el pasado fin de semana, después de que el juez encargado de su caso desoyera a la Procuraduría federal y no lo llamara a declarar.
La Procuraduría mantiene el caso en sus manos y ya advirtió que si vuelve a la alcaldía, el político estará además usurpando funciones.
“El regreso del señor López a las oficinas de la jefatura del gobierno de la ciudad de México es una provocación y una violación de las leyes”, dijo ayer el portavoz del presidente Fox, Rubén Aguilar. La Procuraduría federal acusa a López Obrador de desacato a varias sentencias judiciales, que le ordenaban detener unas obras de acceso a un hospital.
El subprocurador a cargo del caso, Javier Vega, insistió en que López Obrador dejó de ser el alcalde cuando fue desaforado, pero reconoció que para endilgarle algún delito se requeriría la denuncia de un tercero.
El vocero presidencial aseguró, sin embargo, que el gobierno federal seguirá entregando los recursos correspondientes a la ciudad de México y esperará a que sea el Poder Judicial el que determine si la actuación de López Obrador debe ser sancionada o no.
Ni vamos a caer en la provocación de nadie, por más severa que sea la crítica o la descalificación, ni vamos a responder sino con, precisamente, con el camino de las instituciones”, explicó por su lado el secretario de Gobernación, Santiago Creel.
El presidente de la Cámara de Diputados, Manlio Flavio Beltrones (del Partido Revolucionario Institucional, PRI), aseguró días pasados que el político izquierdista conserva su cargo en tanto no se inicie un proceso penal en su contra, lo que hasta el momento no ha ocurrido.
López Obrador, por su parte, sustenta su legitimidad como alcalde en el hecho de que la Suprema Corte admitió una controversia de la Asamblea Legislativa (Congreso de la capital), en la que desconoce las facultades de la Cámara de Diputados para retirarle el fuero constitucional y separarlo del cargo. Pero la Suprema Corte también aceptó una controversia en sentido contrario de la Cámara de Diputados.
La Procuraduría federal debe decidir a muy corto plazo si apela la decisión del juez de no citar a declarar a López Obrador, o si directamente modifica su expediente y pide la detención del polémico líder de la izquierda mexicana, que encabeza las encuestas de popularidad.
A todo esto, los dos diputados del partido Acción Nacional (PAN) que pagaron la fianza en favor del alcalde, aunque sin éxito, denunciaron ayer haber recibido amenazas de muerte en los últimos días.