¿Quién puede cuestionar la legítima aspiración del pueblo boliviano a defender el 50 por ciento de la renta petrolera, cuando los costos de producción no superan los 7 dólares por un barril que se vende a 52? Hay que ser canalla para no reconocer –tanto en Bolivia como en Argentina y tantos otros países expoliados por las petroleras– el legítimo derecho de los pueblos a gozar de sus riquezas hidrocarburíferas. Recordemos lo que se oculta en estos días: hasta la llegada de Sánchez de Lozada-Mesa al gobierno de Bolivia, las petroleras pagaban el 50 por ciento de regalías. La campaña mediática impulsada por las petroleras desde la aprobación de la Ley de Hidrocarburos por el Congreso boliviano tiende a crear las condiciones de una salida golpista.
La historia del país hermano, asentado sobre riquezas incalculables, es la historia de un secular despojo: ayer fueron el oro y la plata y hoy es el gas, en una comunidad donde menos del uno por ciento de la población dispone de redes que le permiten un acceso a precios razonables. El más reciente saqueo encabezado por Sánchez de Lozada privó a los bolivianos de disponer de sus bienes hidrocarburíferos, transgrediendo leyes y llegando incluso a la aberración antirrepublicana de otorgar el carácter de “secretos” a los 72 contratos celebrados con las multinacionales del petróleo. Entre otras cosas, ha ideado perversos mecanismos de despojo, tal como la vigencia del precio internacional en un empobrecido mercado interno de combustibles que, al quedar fuera del alcance de la mayoría de los bolivianos, obliga al Estado a subsidiar a las petroleras, para lo cual debe recurrir al auxilio financiero externo. Es un círculo perfecto y perverso de apropiación ilegítima de riquezas y de empobrecimiento; los niveles de indigencia de Bolivia son de los más altos del continente.
Mal que le pese a la alianza gobierno-petroleras, las mayorías populares bolivianas han seguido avanzando, y esto es lo que les preocupa. La Ley de Hidrocarburos no es perfecta, pero implica un gran avance, pues nacionaliza el subsuelo y los hidrocarburos en boca de pozo, recrea YPFB, recupera para el Estado las facultades de fijar políticas, incluidos los precios internos y externos, los niveles de producción, reservas y exportaciones y, además, dispone la adecuación de los contratos a sus disposiciones. Es decir, las compañías deberán pagar las regalías y los impuestos determinados, y dejarán de ser concesionarias para convertirse en contratistas.
Al pueblo boliviano le costó más de 100 muertos levantarse en defensa de su gas y enfrentar al corrupto gobierno de Sánchez de Lozada-Mesa. Su justo reclamo de revisar las concesiones petroleras y controlar su extracción es un ejemplo que debemos tener en cuenta: en nuestro país se pagan las regalías más bajas del continente –12 por ciento– y desde Menem al gobierno de Kirchner se liquidan a simple declaración jurada de las petroleras. ¿No es una escandalosa impunidad?
Todos los sectores democráticos y progresistas del continente deben unirse al pueblo de Bolivia en pos del objetivo superior: la recuperación de la propiedad y las rentas de sus hidrocarburos. Sin esa unión se tornará muchísimo más difícil la lucha contra el frente gobierno-petroleras, que goza del apoyo de los EE.UU., la banca internacional y los organismos de crédito como el FMI. Lamentamos que el gobierno argentino, a través de su embajador en La Paz, haya operado en defensa del presidente Mesa y de los intereses de las petroleras y no en solidaridad con las decisiones soberanas y legítimas del hermano pueblo boliviano.
Hoy como nunca están vigentes la palabras del Gral. San Martín en 1813: “Cuando el pueblo tiene más razón que el gobierno, la patria manda”.

* Presidente y vicepresidente del Moreno.