¿Puede haber un golpe de Estado en Bolivia? ¿O todo lo vivido desde el fin sangriento del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada no ha sido más que una serie de microgolpes civiles? La distinción es importante, porque si la salida forzada del presidente Carlos Mesa es una posibilidad, no necesariamente debería ocurrir con tanques y masacre, ni una intervención políticamente decisoria de las fuerzas armadas en Bolivia tendría que tener por único objeto la salida de Mesa, y hasta podría llegar a prescindir de este objetivo.
“En el diccionario de las fuerzas armadas no existe la palabra golpe”, declaró hace unos días su comandante, el vicealmirante Luis Aranda. Puede ser, pero porque el golpe ya no es lo que era. Con anterioridad, otro militar, el general César López, comandante del Ejército, había circunscripto con más precisión el radio de la atención militar: “Siento que el país está en el camino de la desintegración”, había dicho (originando todas las especulaciones de golpe). Pero en este caso, la posibilidad de desintegración nacional no es pura retórica cuartelera, sino que nace del separatismo claramente expresado por Santa Cruz y Tarija, los dos departamentos (provincias) que tienen el grueso de la riqueza petrolera y gasífera de Bolivia y que quieren descargarse del fardo del Occidente pobre del país. Por eso, es posible imaginar una intervención militar encubierta (respaldando alguna clase de intervención política, por ejemplo) que se limite a esos focos de conflicto y excluya sacar a Mesa; por eso, actores políticos tan antagónicos como Evo Morales y Jaime Solares coinciden con las FF.AA. en la necesidad de evitar “la desintegración nacional”.
Lo que vuelve resbaladizo el empleo de la palabra “golpe” es la esfumada legitimidad de las instituciones políticas, en que el actual presidente es un hombre sin partido ni parlamentarios que ascendió a su actual puesto gracias a dar la espalda a la represión lanzada por su ex jefe, Sánchez de Lozada, y en que el actor que a menudo es la bisagra decisoria de la vida política del país, Evo Morales del Movimiento al Socialismo, parece cambiar de posición todos los días (uno a favor de la Ley de Hidrocarburos aprobada, otro a favor de la nacionalización total, otro con foco en la Asamblea Constituyente, etc.). Para peor, el Congreso en funciones refleja sólo las condiciones –largamente extintas– en que fue elegido el último gobierno de Sánchez de Lozada. Una sucesión estrictamente constitucional de Mesa ahora puede no reflejar el verdadero cuadro político del país de hoy.