Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

El presidente Carlos Mesa presentó por tercera vez su renuncia en medio de una crisis política y social que tiene paralizado al país. Y esta vez, la tercera fue la vencida. En un mensaje de veinte minutos, el mandatario pidió disculpas y acusó a “los radicales, que aprovecharon que el presidente apuesta por la paz y el diálogo”. Mesa expresó que prefirió proteger vidas humanas antes de permanecer en el poder. Según la Constitución vigente, si la renuncia es aceptada por el Parlamento –cosa probable a la luz de las primeras repercusiones– debería asumir la presidencia de la república el cuestionado presidente del Congreso Hormando Vaca Díez. Sin embargo, pocos creen que sea viable esta alternativa y se especula con un acuerdo político, en el marco de la actual mediación de la Iglesia, previo a la reunión del Parlamento. Ese acuerdo estaría basado en la asunción del presidente de la Corte Suprema en reemplazo de Mesa, para convocar a elecciones anticipadas.
“A esta altura no se puede seguir insistiendo en que Mesa siga gobernando Bolivia”, declaró el líder del MAS, Evo Morales, anticipando la aceptación de la renuncia presidencial por parte de la bancada del MAS. “Hormando Vaca Díez y Mario Cossío deben renunciar a la sucesión para que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, convoque a elecciones anticipadas; en caso contrario, el país se encamina a una mayor polarización”, advirtió en relación con los riesgos de un posible intento de Vaca Díez de sentarse en el sillón presidencial. Esta última alternativa es apoyada por el empresariado cruceño, que ve en el senador “uno de ellos” en la batalla por la autonomía regional. El propio Vaca Díez se negó anoche a pronunciarse sobre su futuro mientras condicionaba la reunión del Congreso a que se logre en un marco “sin presiones”, lo que puede terminar en una convocatoria fuera de La Paz, bloqueada por los manifestantes.
“Lo más sensato sería un acuerdo político que incluya también la renovación de todo el Parlamento. No es viable una elección sólo de presidente en el actual contexto de deslegitimación de los congresistas”, le dijo a Página/12 el analista Jorge Lazarte. Los dirigentes alteños enfatizaron durante toda la jornada que más allá de la salida institucional que se elija seguirán movilizados por la nacionalización de los hidrocarburos. De hecho, la renuncia del mandatario no era prioridad para los movimientos sociales, sino más bien de sectores empresariales de Santa Cruz de la Sierra, y es visible en las protestas que el encono principal de los sectores movilizados es con los congresistas.
Ayer, las cinco principales ciudades de Bolivia, incluyendo la sede de gobierno, sumida en la escasez, se encontraban incomunicadas por los bloqueos, en tanto el paro en la ciudad de El Alto se radicalizó aun más en el inicio de su tercera semana. Mientras, la COB y otras organizaciones sociales rechazaron concurrir al diálogo con la Iglesia por considerar que se trata de un intento de “desmovilización”. La Asamblea de la Paceñidad convocó a un paro cívico para hoy “por la recuperación de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente”, cuyo anticipo fue la participación de las juntas vecinales en las marchas de ayer.
Desde la mañana, la hoyada paceña fue nuevamente ocupada por decenas de miles de vecinos y trabajadores, redoblando la demanda en favor de la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos, en la mayor movilización popular desde el arribo al poder de Mesa. En la céntrica Plaza de los Héroes se desarrolló un cabildo popular que decidió continuar las medidas de fuerza, pese a los esfuerzos de la Iglesia por buscar alguna salida a la crisis que mantiene en vilo al país andino. “¿Qué queremos, compañeros?”, preguntaba el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, a lo que la multitud respondía con un ensordecedor: “¡Nacionalización!”. Posteriormente, el líder alteño Abel Mamani convocó a cercar la Plaza Murillo, lo que desencadenó algunas corridas entre manifestantes y policías. Algunos jóvenes atacaron edificios públicos y privados, como el Hotel Presidente, lo que generó 26 detenidos. Por su parte, como habían anunciado, los cocaleros del Chapare paralizaron la ruta Cochabamba-Santa Cruz en medio de lluvias torrenciales, asfixiando aún más la economía boliviana. Adicionalmente, unas veinte caravanas partieron desde el Altiplano hacia La Paz transportando a 2000 indígenas aymaras de la radical provincia de Aroma y los cooperativistas mineros llegarán hoy a la urbe alteña. También, el departamento de Santa Cruz de la Sierra quedó prácticamente aislado por los bloqueos en los municipios de Camiri y Yapacaní, y en las comunidades de San Julián y Santa Marta, impidiendo el acceso a los departamentos de Cochabamba, Beni y Tarija.
Las movilizaciones a favor de la nacionalización que tienen como epicentro a la ciudad de El Alto, sumadas a los reclamos autonómicos de Santa Cruz de la Sierra, fueron los elementos que volvieron insostenible la administración Mesa, que buscó aplicar un centrismo que fue fagocitado por la radicalidad de las agendas en pugna: la autonomista oriental –con la finalidad poco velada de controlar los recursos naturales (gas, petróleo y tierras)– y la nacionalizadora del occidente –que incluye una Asamblea Constituyente que “refunde el país”–. De esta forma, el 80 por ciento de popularidad de Mesa terminó en un 40 por ciento que, aunque aún elevada, no le permitió construir una fuerza social efectiva de apoyo a su gestión. Su rechazo a promulgar la ley de hidrocarburos aprobada por el Congreso marcó el principio del fin, que concluyó con la renuncia de ayer. Por la mañana, el líder del MAS se había sumado a los pedidos de adelantamiento de elecciones, lo cual le dio el último “empujoncito” al tambaleante mandatario boliviano y permite especular sobre un posible acuerdo para adelantar las elecciones. Sin embargo, parece difícil que los sectores movilizados levanten inmediatamente sus medidas de fuerza en demanda de nacionalización y Asamblea Constituyente. La COB conformó un Comando Político para continuar la lucha por la nacionalización, consigna que está volviendo a articular al “pueblo” contra la “oligarquía”.
Hoy será un día de reuniones, y es previsible que los sectores movilizados apunten ahora sus cañones a evitar la sucesión constitucional. Paradójicamente fue una guerra del gas la que llevó al poder a Carlos Mesa, y otra guerra del gas la que lo expulsó del Palacio Quemado. Esta vez incruenta por la decisión del mandatario de renunciar al uso de la violencia.