Carlos Mesa presentó otra vez su renuncia a consideración del Congreso y éste va en dirección de aceptarla. Evo Morales retomó el protagonismo de la vida política boliviana (hasta ahora había sido vacilante respecto a la agenda de salida del conflicto: primero nacionalización del gas, luego Asamblea Constituyente y recuperación de los recursos naturales). El diputado cocalero ayer dio luz verde a la vía de las elecciones anticipadas –está claro que él deberá ser parte de un acuerdo–. Hay dos lecturas posibles y el descarte de una de ella es aún prematuro: que la dimisión de Mesa sería parte de un acuerdo con la Iglesia hacia una sucesión constitucional –previa renuncia de los titulares de las Cámaras–. O que el mandatario resolvió su tema personal (sin acuerdo) dejando pendiente los temas de estructura.
Cuando el Congreso ratificó a Mesa en el cargo el 8 de marzo pasado, el sentido común indicaba que ese político sin partido se hacía de un poder más sólido para enfrentar los problemas socioeconómicos de Bolivia (hidrocarburos, agua, autonomías regionales) y que le había salido bien su jugada. Una semana después, puso otra vez a consideración del Congreso su estadía en el sillón presidencial: el adelantamiento a elecciones para el 28 de agosto –su mandato concluye en agosto de 2007–, producto de la crisis social en torno de la polémica ley de hidrocarburos, finalmente aprobada por el Parlamento. En ambos casos, se jugó al todo o nada aprovechando el alto índice de popularidad del 68 por ciento, confiado con que, en nuevos comicios, saldría vencedor. En ese momento fueron las clases medias de La Paz las que se movilizaron para apoyar al mandatario, mientras que en El Alto la población no cedía a su reclamo materializado en bloqueos (así se llaman los piquetes) para obstaculizar la ley de hidrocarburos.
Se votó la norma el 17 de mayo, que no fue el proyecto del gobierno ni el del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), de Evo Morales, sino una opción intermedia. La mayoría parlamentaria –asegurada por los partidos tradicionales– aprobó una fórmula mixta: 18 por ciento de regalías y la incorporación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 32 por ciento (con carácter no acreditable, no deducible ni compensable contra ningún otro tributo) llegando así al 50 por ciento de la renta petrolera para el Estado. El reclamo último de la parte oriental y empobrecida del país es la renacionalización completa de la industria de energía. Y la parte más acomodada pide la separación de Tarija y Santa Cruz, que son las regiones gasíferas más ricas del país. En ese contexto, nada indica que haya concluido el proceso de implosión política del país andino.