Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

La nueva agenda de “renovación total” del cuestionado sistema político boliviano mediante elecciones generales adelantadas va ganando adeptos. A la vez, la “agenda de octubre” –Asamblea Constituyente y nacionalización– y la “de enero”–autonomías regionales– tratan de insertarse en el nuevo escenario de la transición, resultante de la renuncia de Carlos Mesa y la asunción de Eduardo Rodríguez, un jurista de bajo perfil. “No estoy aquí (en la presidencia) para hacer política”, dijo el nuevo mandatario al salir de la reunión con los dirigentes vecinales alteños. El propio presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, ha anunciado su apoyo a la elección de parlamentarios junto con presidente y vice.
Movimientos sociales “radicales” y “moderados”, sectores empresariales –incluidos los cruceños– y los propios parlamentarios aceptan también esta opción como una salida a la crisis que ha puesto al país al borde del colapso institucional. Hoy, el tema se discutirá en el recinto cuando los parlamentarios vuelvan a reunirse en La Paz. Si bien la central obrera alteña y los gremiales (comerciantes informales) han informado que bajarán nuevamente a la hoyada, no parecen en condiciones de repetir las protestas de la semana pasada, cuando la sede de gobierno fue virtualmente tomada por los manifestantes. Entretanto, como una suerte de últimos coletazos de la “guerra del gas” devaluada a la “guerra de las garrafas”, algunos vecinos formaban aglomeraciones, bloqueaban algunas calles e incluso se apropiaron de algunos camiones repartidores de garrafas.
Para convocar a elecciones generales el Congreso deberá emitir una ley interpretativa del artículo 93 de la Constitución Política del Estado –que sólo prevé la renovación del Ejecutivo en caso de vacancia– excepto que los legisladores renuncien en masa para favorecer la elección de un nuevo Parlamento. En ambos casos, esa opción implica un amplio acuerdo político que, a la luz de las declaraciones de los diversos bloques, ya está en marcha. De acuerdo con la agencia de prensa Bolpress, el mismo presidente del cuerpo, Hormando Vaca Díez, planteó ayer a senadores y diputados que renuncien a su mandato constitucional y allanen así el camino legal para convocar a elecciones generales de forma adelantada.
Los autonomistas cruceños también se alistan para el nuevo escenario, manteniendo como reivindicación de máxima la (auto)convocatoria a referéndum autonómico para el 12 de agosto próximo. En declaraciones al matutino El Deber, el presidente del Comité Cívico, Germán Antelo, señaló que “el referéndum nacional vinculante sobre autonomías no puede retroceder, siempre dijimos: con Mesa o sin Mesa lo vamos a llevar a cabo”. Sin embargo, se mostró dispuesto a considerar la propuesta de postergar la consulta autonómica para hacerla coincidir con unas elecciones generales, convocadas presumiblemente para diciembre. El “núcleo duro” de la demanda cruceña parece ser que el referéndum sea antes de la Constituyente. “De lo contrario es como comer el postre antes de la cena”, graficó el dirigente cívico. También los cruceños defienden la elección de prefectos convocada para agosto, la cual está en duda y podría ser postergada para hacerla coincidir con los comicios generales.
Entretanto, una encuesta de la firma Captura Consulting –llevada adelante del 8 al 9 de junio entre 850 ciudadanos de las ciudades que conforman el eje troncal del país y difundida por El Deber-. aporta algunos datos significativos: en Santa Cruz de la Sierra, el 42 por ciento de los encuestados prefiere que la Constituyente y la consulta sobre las autonomías serealicen en una misma fecha y no está de acuerdo en que se hagan por separado, mientras que un 36,5 por ciento quiere que primero se haga el referéndum (como reclaman los cívicos). Y otro dato: el apoyo a la nacionalización de los hidrocarburos es mayor en esta ciudad autonomista (con 78,9 por ciento de apoyo) que en la “combativa” Cochabamba (con el 62 por ciento). Lo cual –al margen de derrumbar algunos mitos– muestra que uno de los éxitos de las movilizaciones alteñas es haber puesto en la agenda nacional una consigna –la nacionalización– que hasta hace poco sólo formaba parte del discurso de los sectores más radicales.
Anoche, el presidente Eduardo Rodríguez seguía embarcado en el armado del gabinete. Versiones que hablaban de cambios en el alto mando militar –que incluirían la promoción del actual jefe de Estado Mayor del comando del ejército, general Marcelo Antezana, quien rechazara la tentación de dar un golpe militar durante la crisis– chocaban con otras que señalaban que Rodríguez ratificaría a los actuales jefes castrenses.