Los intentos de las elites de Santa Cruz de la Sierra y los partidos tradicionales de aprovechar la renuncia de Carlos Mesa para recuperar el poder “sin luchar” –apelando a la sucesión constitucional– fracasaron por reacción de los movimientos sociales, que inmediatamente cercaron la ciudad de Sucre, adonde los parlamentarios aterrizaron escapando de los dinamitazos en La Paz. Con ello posibilitaron la llegada a la primera magistratura del desconocido jurista Eduardo Rodríguez, que convocó a “renovar el sistema político” mediante elecciones generales anticipadas. Ese anuncio reformula los ejes del conflicto –postergando las principales demandas del movimiento social: Asamblea Constituyente y nacionalización de los hidrocarburos– y plantea un desafío para los movimientos sociales emergentes: cómo transformar la capacidad de ocupar el espacio nacional en posibilidades electorales.
Según las encuestas, Evo Morales, el líder popular mejor ubicado, apenas roza el 20 por ciento (algunas mediciones lo bajan hasta el 6 por ciento), superado por el ex presidente Jorge Tuto Quiroga o el empresario del cemento Samuel Doria Medina. La única posibilidad de que la “nueva derecha” no recupere por medio de las urnas el poder arrebatado en las calles parece pasar por una estrategia frentista de los fragmentados movimientos sociales, que incluya tanto a los “moderados” como a los “radicales”.
Los discursos “setentistas” –como el de Jaime Solares o la docente trotskista Vilma Plata–, los imaginarios insurreccionales aymaras –como el de Felipe Quispe o Gualberto Choque–, la “nueva izquierda” antipartido del dirigente de la Coordinadora del Agua, Oscar Olivera, el “vecinalismo radical” de Abel Mamani e incluso el “radicalismo moderado” de Evo Morales encuentran hoy un punto de articulación en la “recuperación de los hidrocarburos y los recursos naturales”. Pero la posibilidad de unidad electoral se choca con la cultura corporativa y faccionalista presente en el mundo popular boliviano, que impide incluso que quienes reclaman lo mismo confluyan en una marcha común.
La resolución provisoria de la crisis actual ha puesto en evidencia las potencialidades de los movimientos sociales, pero también sus límites. Especialmente sus dificultades para pasar del “contrapoder” en las calles al poder institucional en el Estado. Lo cual, con la insurrección relegada a algunos discursos incendiarios, sólo parece posible por medio del “combate” electoral.