En un nuevo fallo de la Justicia chilena, que ha mantenido una conducta por momentos contradictoria en relación con los crímenes durante la dictadura de Augusto Pinochet, quedaron procesados nueve agentes de la DINA –policía secreta del régimen–, incluido el que fuera su director, el general retirado Manuel Contreras, por torturar a 22 presos políticos en Villa Grimaldi, el centro clandestino más violento durante el gobierno de facto. Los nueve ex miembros de la DINA procesados quedarán detenidos en edificios militares.
Alrededor de 400 presos desaparecieron en Villa Grimaldi, en Santiago, entre fines de 1974 y comienzos de 1976, convirtiéndolo en el peor centro de torturas que funcionó durante la dictadura chilena. Según la resolución del juez Alejandro Solís, en este centro “operaba un grupo de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) quienes, con conocimiento e instigación del director del organismo, Juan Manuel Contreras, ordenaron algunas y ejecutaron otras capturas de personas militantes o afines a partidos políticos o movimientos de izquierda”. La medida afectó también a los ex agentes de la DINA Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff, Osvaldo Romo, Basclay Zapata, Fernando Laureani, Francisco Ferrer Lima y Gerardo Godoy. Según el fallo, los procesados “encerraron ilegalmente en el lugar” a los presos, los doblegaron “bajo tormento físico de variada índole, con el objeto de hacerles entregar información sobre otras personas de la izquierda política para aprehenderlas”. Utilizaron métodos de tortura como la violación de mujeres, la aplicación de electricidad y la inmersión en depósitos con agua, según determinó una comisión investigadora que presidió el obispo Sergio Valech.
Contreras ya había sido sentenciado a 12 años de prisión el pasado 28 de enero por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y uno de los 1198 presos políticos desaparecidos bajo el régimen de Pinochet. Además, el ex jefe de la DINA cumplió una condena de siete años por el asesinato de Orlando Letelier, ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del derrocado presidente Salvador Allende, en Washington en 1976. Ferrer Lima, ex agente de la DINA y ex miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército, también había sido condenado por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez de 1982.
En el fallo se destacó que a los prisioneros “se los mantenía todo el tiempo vendados, con deficientes condiciones higiénicas y con escaso alimento, que no recibían durante los primeros tres días” de detención. Hoy, Contreras –que cumple prisión– se mantiene distanciado de Pinochet porque, en su opinión, no ha asumido la responsabilidad que le cabe como máximo jefe del gobierno militar, por las violaciones de los derechos humanos.