“Reconoceremos el derecho de los pueblos indígenas y se cumplirán los acuerdos de San Andrés Larráinzar”, aseguró el alcalde de la ciudad de México, Andrés López Obrador, refiriéndose a los tratos sobre derechos y cultura indígena firmados en 1996. Este fue uno de los 50 compromisos anunciados ayer por el futuro candidato presidencial en un virtual lanzamiento de su campaña, ante más de cinco mil militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD). La pobreza, una mejora del bienestar social, el crecimiento económico y la generación de empleos fueron los otros puntos centrales del programa de gobierno.
El cumplimiento de esos acuerdos es uno de los principales reclamos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que en 2001 interrumpió sus incipientes contactos con el gobierno y el Congreso por la aprobación de un texto que se apartó de la iniciativa original. En la actualidad, el EZLN está en la transición de convertirse en una fuerza electoral de izquierda, espacio político que en este momento domina López Obrador. El alcalde capitalino parte, sin embargo, desacreditado por el líder del EZLN, el Subcomandante Marcos, que lo calificó en un duro comunicado de “autoritario”, “huevo de serpiente” y de ser un falso izquierdista con intereses acordes a los del neoliberalismo.
Los puntos principales del programa de gobierno presentado en el Teatro Metropolitano incluyen obras públicas, atención a los más necesitados, el reconocimiento de los derechos indígenas, impulso del crecimiento económico y la generación de empleos. En el acto estuvieron presentes los miembros de las “redes ciudadanas” que apoyan su candidatura y el futuro candidato llamó a que se creen más redes a lo largo del país y que participen las personas sin importar su afiliación política. La mayoría de estas promesas ya habían sido difundidas, gradualmente, por el mismo Obrador durante las conferencias de prensa de los últimos tiempos.
En medio de una nebulosa jurídica, López Obrador comenzará a promocionar su plataforma, pero sin el rótulo de precampaña o campaña electoral, ya que podría ser sancionado por la Justicia Electoral. Tanto el candidato como su partido no dejarán de utilizar estos próximos meses, en lo que se realizarán las internas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de Acción Nacional (PAN) y aprovecharán a recorrer el país dando a conocer la “oferta política del PRD”. Recién en noviembre la situación del principal candidato para las elecciones del año que viene podría regularizarse y así comenzar la campaña formal.
Este no es el primer obstáculo legal que López Obrador debe superar para llegar a la Presidencia en el 2006. Este año sufrió lo que la mayoría de los mexicanos asegura fue una persecución política impulsada desde el mismo gobierno. Liderada por el propio presidente Vicente Fox, el candidato de izquierda sufrió una larga campaña de difamación que terminó con su desafuero. Sin embargo, durante este período, Obrador aprovechó la posición de víctima en la que lo habían puesto y comenzó a ganarse el apoyo de los mexicanos a través de multitudinarios actos, en donde adoptó un discurso de oposición al gobierno y al tradicional PRI, con lo que terminó de sumar popularidad en miras a la próxima elección presidencial.
López Obrador, que ya prometió dejar el cargo de alcalde el 29 de julio para inscribirse como precandidato del PRD, parecería que no tendrá que competir dentro de su partido, ya que sería el único contendiente oficial. El alcalde, mientras tanto, se mantiene primero en las encuestas, aunque los analistas locales aseguran que una vez que el PRI una fuerzas en un solo candidato, la ventaja se achicará. A pesar de que el PRD tiene la mayor intención de voto de su historia, un 35 por ciento, uno de sus figuras, Jesús Ortega, advirtió: “Hay que quitarnos la actitud arrogante de que sólo faltan algunos meses para instalarnos en la Presidencia de la República”.